Durante el primer semestre de 2026, la capital ecuatoriana registró 823 denuncias por desaparición de personas. De este universo, las estadísticas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional (DINASED) identificaron 79 casos catalogados bajo la figura de desaparición involuntaria, de los cuales 43 víctimas fueron encontradas sin vida en distintas zonas del Distrito Metropolitano, lo que representa el 54,4 % de este segmento crítico.
Las cifras oficiales revelan una preocupante realidad sobre las causas tras estos hallazgos fatales: 29 de los casos permanecen bajo investigación forense para determinar las circunstancias del deceso, mientras que ocho fueron calificados como muertes accidentales, cuatro como homicidios directos y dos por causas naturales. Paralelamente, los reportes señalan que la población joven y adolescente constituye uno de los grupos de mayor vulnerabilidad, registrando un alto porcentaje de alertas emitidas en administraciones zonales como Eloy Alfaro, Eugenio Espejo y Quitumbe.
El impacto de este fenómeno se reflejó en las últimas semanas con casos que conmocionaron a la opinión pública, como el de la estudiante universitaria Nathaly Mafla, hallada sin vida tras varios días de búsqueda, y el de la estilista Lizeth Bunshi, cuyos operativos de rastreo movilizaron a equipos especializados del Cuerpo de Bomberos y la Policía en la quebrada del río Machángara. Ambas situaciones reavivaron la exigencia ciudadana por respuestas inmediatas y protocolos de búsqueda con mayor celeridad.
Frente a este escenario, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas e instituciones de rescate reiteran la importancia de activar la alerta de búsqueda de forma inmediata ante cualquier pérdida de contacto, sin esperar lapsos de tiempo administrativos. Asimismo, la Policía Nacional sostiene que mantiene desplegadas a sus unidades especializadas para acelerar las investigaciones y esclarecer los casos que continúan abiertos en la capital.
