El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió negar la entrega de formularios para la recolección de firmas con los que se buscaba activar un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente de la República, Daniel Noboa, y la vicepresidenta María José Pinto. La decisión, adoptada por unanimidad por los consejeros electorales, dispone el archivo de las solicitudes que intentaban abrir el camino hacia una consulta en las urnas.
Las peticiones —impulsadas por la plataforma ‘Revoca EC’, liderada por el dirigente indígena Leonidas Iza, y por un segundo frente de organizaciones sindicales como la Fenocin, la UNE y la UGTE— argumentaban un presunto incumplimiento del plan de trabajo en materia de seguridad, empleo, salud y educación. Sin embargo, los informes jurídicos del organismo electoral determinaron que los solicitantes no aportaron elementos probatorios objetivos, idóneos y verificables que acrediten la falta cometida por las autoridades.
Durante el análisis del caso, las autoridades del CNE aclararon que cuestionar decisiones de política pública o acuerdos internacionales —como las negociaciones mantenidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)— no constituye una prueba legal de inobservancia de funciones. El ente remarcó que la revocatoria es una herramienta democrática de carácter excepcional que exige fundamentaciones técnicas y no apreciaciones políticas generales.
Tras el rechazo y archivo del trámite en la vía administrativa, los promotores de la iniciativa presentaron recursos de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para intentar revertir el dictamen del CNE. Mientras el tribunal analiza las impugnaciones, el Gobierno ratificó que las peticiones carecían de sustento jurídico y que el plan de trabajo se mantiene en marcha.
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