El Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso la suspensión preventiva y sin sueldo, por un periodo de hasta 90 días, para tres magistrados de la Corte Provincial de Pichincha. La medida recae sobre los jueces Silvia Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Chóez Avilés, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal para Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, quienes revocaron la prisión preventiva dictada contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos dentro del denominado caso Goleada.
La acción disciplinaria se fundamenta en un presunto «error inexcusable» advertido por la Corte Nacional de Justicia. Según el organismo de control, los jueces habrían excedido sus competencias legales al realizar valoraciones de fondo sobre el proceso penal por presunto lavado de activos, durante una audiencia cuyo único propósito era evaluar la pertinencia técnica de la medida cautelar.
Desde la Judicatura aclararon que esta suspensión no constituye una sanción definitiva, sino una medida cautelar mientras se concluye el sumario administrativo que podría derivar en la destitución de los magistrados. Asimismo, a pesar de este fallo favorable en la causa mencionada, el alcalde no recuperó la libertad por mantener vigentes restricciones en otras investigaciones paralelas.
