El colectivo ecologista Yasunidos anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería y Energía, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente y aprobada este jueves 26 de febrero por la bancada oficialista en la Asamblea Nacional.
En un pronunciamiento público, el colectivo sostuvo que la normativa “pretende blindar y acelerar la expansión de actividades de alto impacto”, lo que —a su criterio— representa un riesgo para un país megadiverso como Ecuador, marcado por conflictos socioambientales en territorios andinos y amazónicos.
Yasunidos advirtió que la ampliación de incentivos y facilidades para el sector extractivo debería ir acompañada de mayores salvaguardas ambientales y mecanismos de control. “No hacerlo abre la puerta a decisiones aceleradas, menos escrutinio ciudadano y mayor conflictividad, justamente el caldo de cultivo de la ilegalidad que dice combatir”, señaló la organización.
El colectivo sostiene que la ley podría generar mayor presión sobre territorios considerados frágiles, fuentes de agua y ecosistemas estratégicos, por lo que anticipó que recurrirá a la vía constitucional una vez que la normativa entre en vigencia.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, tras su aprobación en el Pleno, el proyecto deberá pasar al Ejecutivo para su sanción u objeción. Solo después de su promulgación y publicación en el Registro Oficial podrá presentarse formalmente la demanda ante la Corte Constitucional del Ecuador, instancia encargada de analizar la constitucionalidad de las leyes.
Desde el Gobierno se ha defendido que la Ley de Minería y Energía busca atraer inversión, fortalecer el sector energético y dinamizar la economía. Sin embargo, sectores ambientalistas anticipan un nuevo frente de debate jurídico en torno al equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
