El colectivo ambientalista Yasunidos presentó una demanda ante la Corte Constitucional (CC) en contra del Gobierno del presidente Daniel Noboa, por el presunto incumplimiento de los resultados de la consulta popular del 20 de agosto de 2023, en la que la ciudadanía decidió frenar definitivamente la explotación petrolera en el bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana.
En dicha consulta, el pueblo ecuatoriano respondió a la pregunta sobre si estaba de acuerdo en mantener el petróleo del bloque 43 bajo tierra, con el fin de proteger una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. La opción del “Sí” obtuvo un 59% de los votos, convirtiéndose en un mandato popular de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, más de un año después, el Gobierno no ha iniciado el proceso de retiro progresivo de las operaciones petroleras en la zona, lo que ha generado preocupación y críticas por parte de organizaciones ambientales y de derechos humanos.
El bloque ITT se encuentra en el corazón del Parque Nacional Yasuní, un territorio que, junto al Territorio Ancestral Huaorani, fue declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1989, debido a su enorme riqueza ecológica y cultural. Allí habitan especies únicas en el mundo y comunidades indígenas en aislamiento voluntario, como los Tagaeri y Taromenane, cuya supervivencia depende directamente de la conservación del entorno.
El Yasuní fue el centro de una de las iniciativas ambientales más emblemáticas de Ecuador: la Iniciativa Yasuní-ITT, propuesta en 2007 durante el gobierno de Rafael Correa, que buscaba mantener el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación económica internacional. Sin embargo, al no recibir el apoyo financiero esperado, el proyecto fue cancelado en 2013, y el Estado dio inicio a la explotación petrolera en la zona, lo que provocó una fuerte oposición social y el surgimiento del movimiento Yasunidos.
Desde entonces, este colectivo ha mantenido una lucha constante por la defensa del Yasuní y los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución ecuatoriana de 2008. Tras casi una década de trámites y obstáculos judiciales, Yasunidos logró que la Corte Constitucional aprobara la realización de la consulta popular, cuya victoria en las urnas representó un hito histórico para el movimiento ambiental en el país.
Hoy, los activistas exigen que el Gobierno cumpla con el mandato ciudadano y con las disposiciones legales que ordenan el cese progresivo de la extracción petrolera en el bloque 43, el desmantelamiento de la infraestructura existente y la restauración ambiental del área intervenida. Según Yasunidos, la falta de acción por parte del Ejecutivo no solo vulnera la voluntad popular, sino también los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas amazónicos que habitan en el territorio.
