Un triple asesinato perpetrado la noche del martes 7 de enero de 2026 en una urbanización privada de la Isla Mocolí ha generado conmoción y alarma en el cantón Samborondón, provincia del Guayas, una de las zonas residenciales más exclusivas del país.
El hecho violento ocurrió dentro de la urbanización Mocolí Golf Club, específicamente en una cancha deportiva, donde quedaron los cuerpos sin vida de las tres víctimas, según confirmaron fuentes policiales.
De acuerdo con testimonios recabados por la Policía Nacional, los atacantes ingresaron de forma violenta al conjunto residencial, logrando vulnerar varios filtros de seguridad privada. Testigos señalaron que los sicarios habrían llegado en cuatro o cinco vehículos, embistieron una pluma de acceso y agredieron físicamente a uno de los guardias, dejándolo herido.
Minutos después, moradores relataron haber escuchado una ráfaga de múltiples disparos, lo que desató el pánico entre los residentes y motivó la inmediata alerta a las autoridades.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó en declaraciones al canal Ecuavisa que las tres víctimas registraban antecedentes penales. Además, reveló que uno de los fallecidos fue identificado como Stalin Olivero Vargas, conocido con el alias de “Marino”, a quien señaló como cabecilla de la organización criminal Los Lagartos.
“De lo que hemos conocido, estaría en conversaciones o en proceso de cambiar de estructura hacia Los Lobos”, precisó el ministro, al referirse a presuntas disputas y reacomodos entre bandas delictivas.
Reimberg añadió que alias ‘El Marino’ era considerado un objetivo de alto valor para la Policía Nacional, debido a su presunta vinculación con delitos graves y su liderazgo dentro de estructuras del crimen organizado.
Tras el ataque, unidades especializadas de la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado desplegaron operativos en la zona para recabar indicios, revisar cámaras de seguridad y dar con los responsables del hecho, mientras se reforzó la seguridad en el sector.
El crimen vuelve a poner en evidencia la capacidad operativa de las bandas criminales, incluso en sectores con altos niveles de seguridad privada, y refuerza la preocupación ciudadana por la escalada de violencia en la provincia del Guayas.
