El Tribunal de Garantías Penales publicó el 24 de febrero la sentencia del caso conocido como Los Cuatro Niños de Las Malvinas, en la que reconoce la existencia del delito de desaparición forzada y establece responsabilidades penales, en un fallo considerado relevante en materia de derechos humanos en Ecuador.
La resolución, emitida dos meses después de la audiencia de juzgamiento, concluye que los menores eran sujetos de especial protección por parte del Estado, por lo que los argumentos relacionados con desconocimiento de normas de derechos humanos o cumplimiento de órdenes superiores no son válidos dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, según recoge el documento judicial.
Durante una rueda de prensa convocada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el equipo jurídico de las familias sostuvo que las medidas de reparación integral no deberían condicionarse a que la sentencia quede ejecutoriada.
El abogado Fernando Bastias afirmó que el Gobierno puede reconocer la inocencia de los menores y su condición de víctimas sin esperar la conclusión formal del proceso judicial, al señalar que desde el inicio del caso existían elementos que apuntaban a una desaparición forzada. Además, advirtió que condicionar las disculpas públicas o la reparación a la ejecutoría del fallo podría implicar revictimizar a las familias.
El equipo legal también enfatizó que el caso mantiene pendiente el derecho a la verdad, al señalar que, a más de un año de los hechos, aún persisten interrogantes sobre quiénes serían los responsables directos de la muerte de los cuatro menores, por lo que insistieron en la necesidad de que las autoridades continúen con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.
