Guayaquil, 01 de octubre de 2025.- El Tribunal de Garantías Penales del Guayas rechazó este martes el pedido de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del proceso judicial por presunto peculado en el denominado caso Triple A.
Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado argumentó que el alcalde incumplió la obligación de presentarse ante la autoridad judicial el pasado 1 de septiembre, lo que —según la institución— generaba un riesgo procesal y justificaba la prisión preventiva.
Tribunal mantiene medidas alternativas
El Tribunal, sin embargo, concluyó que las medidas cautelares ya vigentes resultan suficientes y proporcionales. Actualmente, Álvarez debe presentarse periódicamente ante la justicia y tiene prohibido salir del país. Los jueces señalaron que el incumplimiento alegado no ameritaba sustituir dichas medidas por una privación de libertad.
El trasfondo: el caso Triple A
El proceso judicial surge por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el manejo de desechos sólidos en Guayaquil. Según la investigación, varios funcionarios municipales estarían involucrados en un presunto delito de peculado, sancionado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Reacciones y próximos pasos
La defensa del alcalde Álvarez celebró la resolución como un reconocimiento al respeto de los derechos del funcionario y a la presunción de inocencia. En contraste, la Fiscalía anunció que continuará con el proceso y no descartó la posibilidad de presentar recursos legales adicionales.
La decisión del Tribunal de Garantías Penales de mantener las medidas alternativas y rechazar la prisión preventiva contra el alcalde Aquiles Álvarez refleja la importancia de garantizar el debido proceso en un caso que ha captado la atención nacional. Si bien la Fiscalía insiste en la gravedad de las acusaciones por presunto peculado, la justicia ha determinado que aún existen mecanismos suficientes para asegurar la comparecencia del funcionario sin recurrir a la privación de libertad. El desarrollo de este proceso judicial no solo pondrá a prueba la solidez de las instituciones, sino también la confianza ciudadana en la transparencia de la gestión pública en Guayaquil.
