
El gobierno de Suiza anunció oficialmente que ha congelado activos por un valor equivalente a más de 880 millones de dólares, lo que representa 687 millones de francos suizos, vinculados al expresidente venezolano Nicolás Maduro y a personas de su entorno cercano. Esta cifra fue revelada por el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo al informar sobre la aplicación de la normativa de bloqueo de bienes extranjeros.
La medida entró en vigor el 5 de enero de 2026, cuando el Consejo Federal Suizo aprobó una orden que autoriza la congelación de todos los activos en Suiza de Maduro y de quienes se le asocian, con el objetivo de evitar la fuga de capitales presuntamente ilícitos mientras se desarrollan investigaciones judiciales y se coordinan mecanismos de asistencia legal con otras jurisdicciones.
Según declaraciones oficiales, la orden de congelamiento se fundamenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Bienes Ilícitos de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA), una legislación que permite a Suiza bloquear activos de figuras políticamente expuestas cuando existen indicios de que podrían derivar de actividades ilegales.
El Ministerio aclaró que ningún miembro del gobierno venezolano actualmente en funciones está incluido en esta lista de activos congelados, y que la medida se aplica específicamente a Maduro, su esposa Cilia Flores y otras personas vinculadas a su administración anterior.
Las autoridades helvéticas señalaron que la acción se toma como medida preventiva para proteger el sistema financiero suizo y asegurar que los fondos bloqueados no puedan ser transferidos fuera del país, al tiempo que se facilita la cooperación judicial con Estados Unidos y otros países que investigan posibles delitos relacionados con narcotráfico, corrupción y lavado de dinero.
Además, Suiza indicó que, si en procesos posteriores se demuestra que los activos fueron adquiridos de manera ilícita, trabajará para que estos recursos sean restituidos con el fin de beneficiar al pueblo venezolano, conforme a los procedimientos legales establecidos.
Esta decisión amplía las sanciones que Suiza ha mantenido desde 2018 en coordinación con el régimen de la Unión Europea y se inscribe en una ofensiva internacional más amplia que incluye investigaciones y acciones judiciales en múltiples países contra figuras del antiguo régimen venezolano tras su captura y traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y corrupción.







