Inconforme con la orden de prisión preventiva emitida el pasado 23 de octubre por la jueza penal de Pichincha, Luz María Ortíz, el exministro del correísmo José Serrano Salgado presentó un recurso de apelación con el que busca revertir la medida dictada en su contra dentro del proceso que investiga a los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
La jueza Ortíz, quien dirige la causa conocida como caso “Magnicidio FV”, dispuso no solo la detención preventiva de Serrano, sino también que se oficie a Interpol para la emisión de una notificación roja, lo que permitiría su búsqueda y captura internacional. Serrano, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa y posteriormente presidente de la Asamblea Nacional, no se presentó a la audiencia de vinculación, lo que reforzó la decisión judicial de ordenar su arresto.
En la misma resolución, la magistrada extendió la medida contra Xavier Jordán, empresario y coprocesado en la causa por asesinato, quien actualmente enfrenta un llamado a juicio suspendido dentro del caso Metástasis, una investigación que destapó una amplia red de corrupción judicial y narcotráfico. Jordán, al igual que Serrano, permanece fuera del país y es considerado prófugo de la justicia ecuatoriana.
El caso “Magnicidio FV” busca esclarecer la trama detrás del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, a pocos días de las elecciones presidenciales. La investigación apunta a una posible estructura criminal organizada, en la que habrían participado autores materiales e intelectuales con presuntos nexos políticos y financieros.
Con el recurso de apelación, la defensa de Serrano argumenta que no existen fundamentos suficientes para la prisión preventiva y que la medida resulta desproporcionada, pues sostiene que el exministro estaría dispuesto a colaborar con la justicia. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que hay riesgo de fuga y de obstaculización del proceso, razones por las cuales considera indispensable mantener la orden vigente.
La audiencia de apelación se espera que se convoque en los próximos días, mientras las autoridades judiciales continúan con la recopilación de pruebas, testimonios y peritajes que podrían reconfigurar el mapa de responsabilidades dentro de uno de los casos más sensibles y mediáticos de los últimos años en Ecuador.
