El cantón General Villamil Playas, en la provincia del Guayas, cerró 2025 como el año más violento de su historia, al registrar 88 homicidios, una cifra sin precedentes para un territorio que, según registros oficiales de la Policía Nacional, históricamente no superaba dos o tres asesinatos por año.
El dramático repunte de la violencia se produce en un contexto marcado por acusaciones sobre presuntos contratos públicos vinculados al crimen organizado y una disputa territorial entre los grupos armados Los Choneros y Los Lobos, que buscan el control de rutas estratégicas del narcotráfico en zonas cercanas al puerto de aguas profundas de Posorja, considerado un punto clave para la salida de droga hacia mercados internacionales.
Informes de inteligencia de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior han advertido que la expansión de estas estructuras criminales responde al interés por dominar corredores marítimos y logísticos en el Golfo de Guayaquil, lo que ha convertido a Playas en un territorio altamente disputado.
En medio de esta crisis de seguridad, el alcalde de Playas, Gabriel Balladares, salió a responder públicamente ante medios locales por una serie de polémicos contratos municipales, asegurando que su administración ha actuado conforme a la ley y que está abierta a cualquier revisión de los organismos de control del Estado, como la Contraloría General y la Fiscalía.
El burgomaestre también rechazó “de manera enérgica” las versiones que señalan que el cantón estaría “tomado por el Cartel de Sinaloa”, afirmación que ha circulado en análisis de seguridad y reportes especializados sobre crimen transnacional.
No obstante, de acuerdo con la caracterización oficial de la Policía Nacional, el Cartel de Sinaloa mantiene vínculos históricos con la organización criminal Los Choneros y sus facciones en Ecuador, una relación que ha sido clave en el fortalecimiento de redes de narcotráfico y violencia en la región costera.
Las autoridades nacionales reconocen que la situación en Playas refleja un problema estructural de seguridad, que requiere intervención estatal sostenida, depuración institucional y acciones coordinadas contra el crimen organizado para evitar que el cantón siga escalando en los índices de violencia.
