Paris Jackson presentó una nueva oposición legal contra los administradores del patrimonio de su padre, el fallecido artista Michael Jackson, en medio de una disputa judicial que continúa desarrollándose en un tribunal de Los Ángeles.
De acuerdo con documentos presentados el 26 de febrero, la hija del llamado “Rey del Pop” cuestionó recientes acciones legales de los ejecutores del patrimonio, argumentando que dichas maniobras buscan “hacer que el proceso sea lo más costoso y prolongado posible”, lo que calificó además como “un desperdicio de recursos” dentro del litigio.
El escrito fue presentado ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, en respuesta a una solicitud de los ejecutores del patrimonio para recuperar honorarios legales relacionados con una moción anti-SLAPP que ellos mismos interpusieron en noviembre de 2025.
La denominada moción anti‑SLAPP es un mecanismo jurídico utilizado en Estados Unidos para evitar demandas que puedan ser consideradas como intentos de intimidar o silenciar a una parte mediante procesos judiciales costosos.
Según los documentos judiciales, la moción fue presentada por los administradores del patrimonio en respuesta a una petición impulsada por Paris Jackson, conocida como “Petición para Rescindir”, mediante la cual buscaba revocar o modificar ciertos procedimientos vinculados con la gestión del patrimonio de su padre, particularmente en lo relacionado con la forma en que los ejecutores solicitan el pago de honorarios legales con fondos del propio patrimonio.
El patrimonio de Michael Jackson ha sido administrado desde su fallecimiento en 2009 por ejecutores designados en su testamento, bajo supervisión judicial en California. De acuerdo con registros presentados ante el tribunal, el manejo del legado del artista —que incluye derechos musicales, propiedades y acuerdos comerciales— ha generado diversos procesos legales y revisiones financieras a lo largo de los años.
La nueva oposición presentada por Paris Jackson forma parte de ese proceso judicial en curso, en el que el tribunal deberá evaluar los argumentos de ambas partes antes de decidir si corresponde aprobar o rechazar la recuperación de los honorarios legales solicitados por los ejecutores del patrimonio.
