Una investigación de Plan V revela que el Ministerio de Defensa ha ejecutado millonarias adquisiciones bajo el Decreto 218, amparadas en el supuesto “conflicto armado interno”.
Entre ellas, destaca la compra de 18 escáneres móviles por USD 51,1 millones a una empresa estadounidense —aunque los equipos serían de fabricación china— y la adquisición de granadas lacrimógenas por USD 6,3 millones a una firma ecuatoriana sin experiencia en defensa.
El 19 de agosto de 2024, la empresa H., declarada contratista incumplida por el SERCOP, logró firmar un contrato por USD 34,2 millones para chalecos y cascos, aprovechando una suspensión judicial temporal de su sanción.
Expertos como el abogado Augusto Tandazo advierten posibles irregularidades en los procesos y uso de decretos inconstitucionales, recordando que la Corte Constitucional ya declaró que en Ecuador no existe conflicto armado interno.
Estas contrataciones suman más de USD 100 millones y han encendido las alarmas sobre transparencia, control estatal y nexos empresariales en el sector defensa.
