El presidente Daniel Noboa planteó una reforma constitucional vía consulta popular para que los jueces de la Corte Constitucional (CC) puedan ser sometidos a control político por la Asamblea Nacional. Según el Ejecutivo, los magistrados “no rinden cuentas sobre los efectos de sus decisiones” y por ello deberían estar sujetos a mecanismos de fiscalización política. La propuesta llegó acompañada del envío formal de cuatro preguntas de referendo/consulta a la CC entre el 13 y 14 de agosto de 2025.
¿Qué exactamente propone el Gobierno?
De acuerdo con los resúmenes difundidos por medios nacionales, una de las preguntas busca habilitar el control político (y eventual juicio político) a los jueces de la CC. Las otras abordan contratación laboral por horas, reducción del número de asambleístas y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Estas cuatro preguntas fueron enviadas a la CC para el dictamen de constitucionalidad previo.
Marco legal vigente: ¿ya hay controles sobre la Corte?
Hoy, los jueces de la Corte Constitucional sí están sujetos a control, pero no político. En concreto, tres tipos de control aplican: penal, administrativo y civil; y su juez natural es la Corte Nacional de Justicia. Además, la Constitución define con precisión quiénes pueden ser sometidos a juicio político en la Asamblea, lista en la que no figuran los jueces de la CC. Por eso, para introducir este tipo de control se requeriría enmienda constitucional aprobada en referendo.
Paso a paso: ¿qué viene ahora?
- Dictamen previo de la Corte Constitucional. La CC revisa cada pregunta para verificar unidad de materia y compatibilidad con la Constitución. Sin dictamen favorable, una pregunta no puede ir a las urnas. Primicias
- Convocatoria y campaña. Si hay dictamen favorable, el Ejecutivo puede convocar al referendo/consulta; el CNE organiza el proceso.
- Aprobación o no en las urnas. Si la ciudadanía aprueba la pregunta sobre control político, se enmendaría la Constitución para permitir que la Asamblea pueda fiscalizar y eventualmente enjuiciar políticamente a los jueces de la CC.
