Guayaquil, 9 de septiembre de 2025 – En un gesto contundente de reclamo institucional, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) anunció este lunes que presentará una demanda ante la Corte Constitucional contra el Gobierno nacional por una deuda acumulada de USD 566,9 millones en transferencias pendientes. El anuncio se dio tras una reunión clave liderada por Patricio Maldonado, presidente de la AME, y un grupo de alcaldes de diversas regiones del país.
Una deuda que amenaza la gestión local
La cifra reclamada por la AME está conformada por:
- USD 543,7 millones correspondientes al Modelo de Equidad Territorial (MET), que agrupa atrasos desde 2023, 2024 y 2025 (USD 48,6 millones, USD 27,8 millones y USD 467,3 millones, respectivamente).
- USD 23,2 millones en otros rubros, como devoluciones del IVA, competencias de patrimonio y obligaciones derivadas de la Ley 047.
Acción legal: directo hacia la Corte Constitucional
El movimiento de la AME no se queda en la denuncia pública. Este lunes 8 de septiembre adelantaron que llevarán el caso ante la Corte Constitucional, argumentando el incumplimiento del artículo 200 del COOTAD, que establece que las transferencias deben ser «directas, automáticas, oportunas y eficaces». Además, la AME exigió al Ministerio de Economía un Acuerdo Ministerial conforme a la Ley de Alivio Financiero, que facilite compensaciones en un plazo máximo de 30 días.
Implicaciones constitucionales y sociales
La AME destaca que la Constitución de la República (artículos 271 y 298), el COOTAD (artículo 200) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (artículo 99) garantizan la entrega oportuna de dichos recursos. También recuerdan un dictamen anterior de la Corte Constitucional que señaló la importancia de estas transferencias para proteger derechos de la ciudadanía, sobre todo en situaciones de emergencia o desastre.
Un llamado a la responsabilidad estatal
En la proforma presupuestaria de 2025 presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, se preveía una asignación de USD 3.471,70 millones para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), un aumento de USD 529,48 millones frente a la ejecución de 2024. Sin embargo, la AME enfatiza que ese monto prometido apenas se refleja en compromisos legales, mientras los pagos reales siguen retrasados.
El reclamo de la AME representa una advertencia clara sobre los riesgos de continuar con el incumplimiento financiero hacia los municipios. La acción legal ante la Corte Constitucional marcará un punto de inflexión en la defensa de la autonomía municipal y el bienestar de la población.
