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La desaparición de un niño y 3 adolescentes en Guayaquil, ha convocado a la creación de la Mesa de Solidaridad por un sinnúmero de asociaciones civiles, organizaciones comunitarias, y personas naturales como: el Movimiento Afrodescendiente Nacional Ecuatoriano (MANE), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la organización Pueblo Negro, El Centro de Promoción Rural (CPR), la Asociación de Artistas Populares, Federación de Psicólogos Clínicos del Ecuador, apoyados con la infraestructura del Centro Pastoral Afro (representante de la población afro de la Arquidiócesis de Guayaquil).
Así también, en memoria de Steven Medina Lajones, Josué Arroyo Bustos, Ismael Arroyo Bustos, y Nehemías Arboleda Portocarrero, la Mesa de Solidaridad da a conocer los siguientes 7 manifiestos:
1. El Estado Ecuatoriano es el responsable moral, ética, y legalmente por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un niño y 3 adolescentes: Steven Medina Lajones, Josué Arroyo Bustos, Ismael Arroyo Bustos, y Nehemías Arboleda Portocarrero.
2. El Estado Ecuatoriano tiene una deuda histórica con el Pueblo Afro por los abusos cometidos a través del tiempo con un sector vulnerable, y discriminado racialmente, que han llevado a crear una narrativa perversa de culpabilidad por solo ser pobre, negro, y joven en el Ecuador. Es decir, ser negro y pobre = delincuente.
3. El Estado Ecuatoriano debe transparentar los sucesos ocurridos el 8 de diciembre y llevar a cabo los juicios legales correspondientes hasta sus últimas consecuencias identificando a las autoridades y elementos operativos de las fuerzas armadas, así como a las autoridades militares y civiles que son parte de la estructura intelectual del plan Fénix, para que estos trágicos eventos que afectan hoy a la sociedad civil NO vuelvan a ocurrir.
4. El Estado Ecuatoriano debe pedir las disculpas públicas correspondientes a la sociedad civil, por no haber protegidos a los jóvenes de los abusos a sus derechos humanos que resultaron en la ejecución extrajudicial de ellos.
5. El Estado Ecuatoriano debe comenzar una nueva visión de protección, apoyo, y acompañamiento positivo a la población afro, en este segundo decenio de los Afrodescendientes, según la propuesta de las NNUU.
6. El Estado Ecuatoriano tiene la responsabilidad de asegurar la reparación a las cuatro familias cuyos jóvenes menores de edad fueron detenidos arbitrariamente por las Fuerzas Armadas, y luego fueron ejecutados extrajudicialmente fuera de la ciudad de Guayaquil.
7. El Estado Ecuatoriano debe pronunciarse pública e inmediatamente, a través de su presidente de turno, en medios de comunicación, y en las redes sociales asociadas al Estado sobre las rectificaciones que va a tomar para asegurar que ningún niño o joven vuelva a desaparecer en las manos de las fuerzas de seguridad, cuyo papel principal es la protección de la sociedad civil ecuatoriana.
Esto tomando en cuenta las siguientes 15 Consideraciones mencionadas por la Mesa de Solidaridad:
- El Estado Ecuatoriano fue el primer país que ratificó los 27 tratados internacionales sobre los Derechos Humanos.
2. El Estado Ecuatoriano ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas el 20 de octubre de 2009.
3. El Estado Ecuatoriano se comprometió en forma, moral, ética, y legal, a través de estos tratados internacionales, a proteger todos sus ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación sea por raza, género, orientación política, religiosa, sexual, o de cualquier otra índole.
4. La Constitución del Ecuador del 2008 indica en el artículo 66, numeral 3 que, se reconoce y garantizará a las personas: el derecho a la integridad personal, que incluye: La integridad física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual, y la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes.
5. El gobierno del presidente del Ecuador, Daniel Noboa Azín ha decretado un continuo estado de conmoción interna en su guerra contra las organizaciones delictivas, sin protocolos de protección hacia la sociedad civil que hayan diseminado en el territorio del Ecuador, especialmente en los sectores que han sido víctimas del avance del narcotráfico, y hoy víctimas de atropellos por el Estado Ecuatoriano.
6. Las Fuerzas Armadas del Ecuador, han aplicado el Plan Fénix elaborado por el ejecutivo en representación del Estado Ecuatoriano, sin difusión a la sociedad civil sobre los objetivos específicos, protocolos de protección hacia población civil cuando se declara un conflicto interno, y sin dar a conocer qué protección tienen las personas sobre sus derechos humanos cuando las fuerzas de seguridad entran a las comunidades por diversas razones.
7. La Policía del Ecuador y las Fuerzas Armadas del Ecuador trabajan en zonas de conflicto en forma autónoma y divorciadas de las instancias civiles del estado. Este distanciamiento NO asegura NI garantiza que la población civil conozca los protocolos establecidos cuando los decretos de excepción están vigentes en su territorio. No existe información por parte de las fuerzas de seguridad para garantizar que las personas estén constantemente protegidas contra la posible violación de sus derechos humanos, a la cual el Estado Ecuatoriano está adscrito legalmente desde el 2021.
8. El Estado Ecuatoriano a través de su gobierno de turno ha criminalizado el ser negro y pobre a través de sus mensajes en redes sociales cuestionando la dignidad de los jóvenes desaparecidos, quienes fueron del pueblo afro y de un sector económicamente vulnerable (Las Malvinas) en el sur de la ciudad de Guayaquil.
9. La Asamblea Nacional del Ecuador no ha promovido transparencia sobre el Plan Fénix y cómo este puede afectar a la población civil, especialmente para la protección de sus derechos humanos en las zonas de conflicto.
10. Los medios de comunicación en el Ecuador no han denunciado los abusos de poderque se han llevado a cabo, sistemáticamente en varias regiones del Ecuador, hasta que la sociedad civil ha presionado vía redes sociales por una mayor claridad sobre los diferentes hechos transcurridos que han resultado en la desaparición de niños y adolescentes en manos de las Fuerzas Armadas.
11. La Fiscalía del Ecuador NO ha actuado en forma expedita frente a los abusos de poder de las Fuerzas Armadas del Ecuador, excepto cuando se ha visto presionada por la sociedad civil, sobre los casos de las desapariciones forzadas en el territorio ecuatoriano en manos de los aparatos de seguridad del Ecuador.
12. Casos de desapariciones forzadas han venido sucediendo en el Ecuador, y desde el año 1984 hasta el 2008, Ecuador registró 456 víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad en el país. De ellas, 17 personas fueron víctimas de desaparición forzada y aún se desconoce el paradero de 13, según la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC).
13. Inconsistencias entre las cifras del Gobierno del Ecuador y la Fiscalía sobre el número de desapariciones en el país existen por varios años, según la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC).
14. Los cuatro niños arrestados por las FFAA fueron llevados el 8 de diciembre a la Base Aérea de TAURA sin permiso o consentimiento de sus padres, por las inmediaciones del Mall del Sur, después de que ellos salían de sus prácticas deportivas, retenidos sin comunicación con sus padres, para luego ser ejecutados extrajudicialmente a una hora de Guayaquil, y sus cuerpos desaparecidos por más de 22 días. Los cuatro cuerpos (no identificados legalmente) fueron localizados en el recinto Casa de Zinc, el 24 de diciembre, y la confirmación (Pruebas de ADN) fue hecha pública el 31 de diciembre, constatando de que los restos humanos eran de los cuatro niños desaparecidos.
15. Las familias de los cuatro jóvenes desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente, Steven Medina, Josué Arroyo, Ismael Arroyo, y Nehemías Arboleda, denunciaron en Fiscalía la desaparición forzada de sus hijos, y el Estado Ecuatoriano, a través de la Fiscalía les pidió a los padres que no hicieran nada en ese momento, y a su vez el silencio del Estado Ecuatoriano duro días hasta el 16 de diciembre cuando los padres exigen tener respuestas de las autoridades y se cambia el Fiscal.
El documento de respaldo a las familias de los desaparecidos fue firmado por más de 40 organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil, entre ellos: Movimiento Afro Nacional Ecuatoriano (MANE), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Organización Pueblo Negro, Centro de Promoción Rural, CONAMUNE, Asociación de Artistas Populares, Federación de Psicólogos Clínicos del Ecuador (FEPSCLI), Pastoral Afro – Arquidioceses de Guayaquil, Asamblea Nacional Ciudadana, Casa del Teatro, Observatorio de los Servicios Públicos, Movimiento de Mujeres de El Oro (MMO), Maestros por la Revolución, Fundación Mujeres de Asfalto, Grupo Teatro Resistencia, Trinitaria FunChaf, Fundación Cimarrón, Comité Antifascista, Movimiento Ciudadano por la Cultura, Mujeres por el Cambio, Juventud Progresista, Ciudadanos para Prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, Fundación Geviman, Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas (COSG), Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de Derechos Humanos, Fundación Cimarrón XXI, Mujeres Por el Cambio, UNTHA – Unión de Mujeres Trabajadoras Remuneradas en Hogares, Asociación Mujeres Populares, Colectiva Ni Una Menos, Movimiento Bolivariano de Liberación (MBL), Nia Kali, Minkainy, Frente para Vencer, Batucadas Populares, Mujeres de Quinindé, Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Fundación Yerba Buena, Red Nacional de Feministas por los Derechos Humanos, Luchadoras en Contra de las Violencias, Maestros por la Revolución y Centro Las Valdivias.
