El pasado 7 de junio del presente año, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una normativa que establece un régimen jurídico especial en el contexto del conflicto armado interno que vive el país. La nueva ley busca blindar la economía, proteger a la población civil y reforzar el aparato de seguridad del Estado.
De acuerdo con el artículo 1 de la ley, este nuevo régimen incorpora medidas financieras, tributarias y de seguridad, con tres ejes principales:
- Sostenibilidad del sistema económico y financiero
- Protección de la población civil
- Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
Este marco legal reconoce la necesidad de tomar decisiones excepcionales para enfrentar la actual situación de violencia y desestabilización, impulsada por actores armados ilegales y estructuras criminales organizadas.
Reconocimiento oficial del conflicto: clave para aplicar la ley
Aunque el artículo 6 de la ley establece que el conflicto armado interno existe desde el inicio de las hostilidades, su aplicación no será automática. Se requiere un reconocimiento oficial por parte del Presidente de la República, mediante un Decreto Ejecutivo, que deberá evidenciar el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 7.
Este mecanismo otorga al Ejecutivo la responsabilidad de declarar oficialmente el estado de conflicto, lo cual activará el régimen jurídico especial previsto por la ley.
Un paso hacia la reorganización del Estado frente a la violencia
La aprobación de esta ley marca un cambio de paradigma en la forma en que el Estado enfrenta la violencia estructural. No se trata solo de represión, sino de un enfoque integral que busca resguardar la institucionalidad, proteger a los ciudadanos y garantizar la continuidad del país en medio de la crisis.
Sin embargo, su ejecución dependerá no solo del liderazgo presidencial, sino también del compromiso del sistema judicial, la coordinación interinstitucional y la vigilancia ciudadana.
