Guayaquil, 28 de octubre de 2025.– Un total de 31 personas fueron sentenciadas este lunes 27 de octubre de 2025 por participar en una estructura de extorsión que funcionaba desde un call center ubicado en el norte de Quito, bajo la fachada de una empresa telefónica. Así lo informó la Fiscalía General del Estado, que procesó a un grupo de 44 personas por el delito de asociación ilícita.
El modus operandi
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que los sentenciados admitieron haber “llamado y enviado mensajes a personas en Ecuador, México y Colombia exigiéndoles sumas de dinero a cambio de no atentar contra su integridad”.Para amedrentar a las víctimas utilizaban aplicaciones como Pegasus y Rimbill, además de envíos de fotos y videos que mostraban escenas de violencia o mutilación.El inmueble allanado fue interceptado el 25 de junio de 2025, día en el que se incautaron chips de distintas operadoras, teléfonos y equipos informáticos usados en la operación.
Las sentencias y situación jurídica
Según la Fiscalía, las penas impuestas a los 31 procesados mediante procedimiento abreviado fueron de entre 12 y 18 meses de privación de libertad.De los 44 inicialmente procesados, 13 continuaron por la vía ordinaria; de esos, 3 irán a juicio y 10 recibieron auto de sobreseimiento, lo cual está siendo apelado por la Fiscalía.
Relevancia e implicaciones
- Esta sentencia representa un avance judicial en el combate contra las redes de extorsión que operan bajo pretensas empresas legales en Ecuador.
- Pone de manifiesto el uso de tecnología avanzada y amenazas de alto impacto —aplicaciones de espionaje, manipulación de datos personales y violencia psicológica— para delinquir.
- El hecho de que la empresa estuviera registrada legalmente revela la sofisticación del esquema: funcionaba como fachada para el delito.
- Aunque el delito tipificado es asociación ilícita (artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal – COIP), la condena reducida mediante procedimiento abreviado ha generado debate respecto a la proporcionalidad de las penas.
¿Qué deben saber los ciudadanos?
- Quienes reciban ofertas de trabajo en “call centers” poco claros deben verificar la legalidad de la empresa, sus registros y que no se exija realizar acciones ilegales como llamadas intimidatorias o extorsivas.
- Si se es víctima de extorsión telefónica o digital, es clave no pagar, recopilar la mayor cantidad de información posible (números, aplicaciones usadas, evidencias) y denunciar ante la Fiscalía o la Policía Nacional del Ecuador.
- El caso también advierte sobre el uso de herramientas como Pegasus o Rimbill para delinquir, lo que exige una mayor conciencia digital en el uso de dispositivos personales y la gestión de credenciales.
La sentencia de 31 personas implicadas en una red de extorsión operada desde un call center en Quito marca un hito en la estrategia legal contra la delincuencia organizada en el país. Aunque las penas fueron moderadas, el desenmascaramiento del esquema y la acción penal representan un mensaje claro: las sofisticadas operaciones de extorsión, incluso cuando se camuflan como negocios legales, no quedan impunes. Para la ciudada
