Un informe de expertos internacionales concluye que existen motivos razonables para creer que el Gobierno del presidente de Nayib Bukele habría cometido graves violaciones a los derechos humanos, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, en el contexto del régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022.
El documento, que será presentado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, señala que entre los hechos investigados figuran asesinatos, encarcelamiento de menores de edad, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas, presuntamente cometidos durante las operaciones de seguridad desplegadas por el Estado salvadoreño.
Según los expertos internacionales, el régimen de excepción decretado en marzo de 2022 permitió al Gobierno ampliar facultades a las fuerzas de seguridad para enfrentar a las pandillas, pero también habría generado un patrón sistemático de detenciones masivas y abusos contra personas privadas de libertad. El informe sostiene que estas prácticas podrían encajar en la categoría de crímenes de lesa humanidad si se comprueba que fueron parte de una política de Estado.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido previamente sobre detenciones arbitrarias, falta de garantías judiciales y presuntas torturas dentro de centros penitenciarios, especialmente contra jóvenes y adolescentes capturados durante los operativos contra pandillas.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido al Estado salvadoreño investigar de forma independiente las denuncias y garantizar el respeto al debido proceso, así como revisar las condiciones de detención en el marco del régimen de excepción.
Este señalamiento representa la acusación internacional más grave por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra el gobierno de Nayib Bukele, quien se mantiene en el poder desde 2019 y ha defendido su estrategia de seguridad afirmando que las medidas adoptadas han permitido reducir significativamente la violencia y la actividad de las pandillas en el país.
