Guayaquil, 9 de septiembre de 2025 – Tras el rechazo de cuatro preguntas por parte de la Corte Constitucional, el Gobierno anunció este lunes que procederá a una reformulación y adición de nuevas interrogantes para la Consulta Popular y referendo previstos para finales de noviembre. Así lo informó la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, durante su intervención desde el Palacio de Carondelet.
¿Qué ocurrió con las preguntas originales?
El pasado 4 de septiembre, la Corte Constitucional resolvió que solo cuatro de las siete preguntas inicialmente enviadas cumplen con los requisitos legales para ser sometidas a consulta popular o referendo. Entre las propuestas descartadas se encuentran temas sensibles como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la judicialización de los jueces de la Corte Constitucional.
Reforma y nuevos planteamientos
Ante este escenario, el Gobierno decidió “enviar otras preguntas” y reformular algunas de las previamente planteadas. La Secretaria Jurídica de la Presidencia ya trabaja en los nuevos planteamientos. Aun así, no se han detallado los temas que abordarán estas nuevas o reformuladas preguntas, aunque se anticipó que se insistirá, al menos, con la iniciativa de eliminar el CPCCS
⏱ Presión sobre los plazos electorales
El Ejecutivo mantiene el objetivo de que la consulta popular se realice el 30 de noviembre de 2025, como ya lo adelantaron tanto el presidente Daniel Noboa como la ministra de Gobierno Zaida Rovira. Sin embargo, la necesidad de reformular preguntas pone en riesgo este cronograma, dado que el CNE necesita tiempo —y recursos— para convocar oficialmente la consulta y organizar la logística electoral.
¿Qué sigue en el cronograma?
- El Gobierno deberá enviar las nuevas o reformuladas preguntas a la Corte Constitucional para que esta realice un nuevo control previo.
- Una vez aprobadas, el presidente emitirá un decreto convocando oficialmente a la consulta.
- El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispondrá de hasta 45 días para lanzar la convocatoria y hasta 60 días más para ejecutar la logística electoral.
La reformulación de las preguntas para la consulta popular evidencia tanto la complejidad jurídica del proceso como la determinación del Gobierno por impulsar reformas estructurales a través del voto ciudadano. Sin embargo, los tiempos apremian, y cualquier retraso en la aprobación de las nuevas preguntas podría comprometer la fecha prevista para noviembre. En este escenario, el Ejecutivo debe equilibrar ambición política con viabilidad constitucional, asegurando que las nuevas propuestas respondan no solo al marco legal, sino también a las demandas reales de la ciudadanía. La consulta popular sigue en pie, pero el reloj ya está corriendo.
