Guayaquil, 12 de octubre de 2025 — En una decisión con fuerte impacto para usuarios y gobiernos locales, el Ejecutivo nacional anunció que, a partir del consumo correspondiente al mes de octubre, las distribuidoras eléctricas dejarán de incluir la Tasa de Recolección de Basura (TRB) en las facturas de energía.
La medida se fundamenta en disposiciones legales vigentes que prohíben vincular rubros externos al servicio eléctrico con las tarifas de consumo. En ese sentido, el Gobierno enfatiza que los ciudadanos deberán pagar únicamente por lo que consumen de luz, sin añadidos no relacionados.
¿Por qué se adopta esta medida?
La reforma atiende a dos argumentos centrales:
- Legalidad y transparencia tarifaria: La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE) impide que facturas eléctricas incluyan cargos que no correspondan directamente al servicio prestado.
- Protección de datos: Los convenios que permitían el cobro de la TRB mediante las eléctricas muchas veces implicaban que las empresas eléctricas compartieran datos personales (cédula, nombre, dirección) con los municipios, sin un consentimiento explícito, lo que habría vulnerado la Ley de Protección de Datos.
El memorando CNEL-CORP-COM-2025-0651-M formaliza la terminación unilateral de los convenios entre la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y los gobiernos locales para recaudar la TRB vía las planillas eléctricas.
Ámbito de aplicación: 41 cantones afectados
No se trata de una medida de alcance nacional inmediato: se implementará en 41 cantones, entre ellos Quito, Cuenca, Babahoyo, Milagro, Portoviejo y otros. En estos territorios, desde el consumo eléctrico de octubre (que se reflejará en la factura de noviembre) ya no aparecerá el cargo por recolección de basura.
Para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), esto implica un cambio radical: deberán definir sus propios mecanismos de recaudación para la TRB, pues ya no contarán con la planilla eléctrica como canal automático de cobro.
Repercusiones e inquietudes de los municipios
Los municipios han manifestado preocupación por el impacto que la medida puede tener en su liquidez y en la prestación del servicio de recolección de residuos. La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) ha advertido que la medida, aplicada sin un esquema alternativo claro, podría agravar la ya difícil situación financiera de varios gobiernos locales.
En Cuenca, por ejemplo, el alcalde ha señalado que la Empresa Pública Municipal de Aseo (EMAC) depende en gran medida de la recaudación de la TRB mediante la planilla eléctrica para su operatividad, y ha manifestado riesgo de “quiebra funcional” si no se reemplaza ese ingreso.
En Quito, concejales han estimado que la ciudad podría dejar de percibir alrededor de 6 millones de dólares mensuales con la eliminación del cobro en las planillas.También han instado al Gobierno y a los GAD a abrir un diálogo inmediato para definir mecanismos que garanticen la continuidad de los servicios de aseo.
La eliminación del cobro de la tasa de basura en las planillas eléctricas representa una medida de calado institucional. Si bien apunta a defender derechos del ciudadano usuario —evitando que pague por servicios que no otorga la eléctrica—, abre urgentes interrogantes sobre la viabilidad financiera de la recolección de residuos en los municipios. Las próximas semanas serán cruciales: se deberá observar cómo reaccionan los gobiernos locales, qué alternativas proponen y qué mecanismos adoptan para que la recolección de basura no padezca discontinuidad en plena transición.
