El Gobierno de Ecuador oficializó un nuevo cambio en la regulación de la jornada laboral. El Ministerio del Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial MDT-2026-059, que establece el nuevo procedimiento para la autorización de turnos y horarios especiales de trabajo, una normativa que busca flexibilizar la organización de las jornadas laborales en el país.
La disposición entró en vigencia este 10 de marzo de 2026, tras su publicación en el Registro Oficial, y forma parte de las medidas impulsadas por el Ministerio del Trabajo para modernizar el sistema laboral y permitir una mayor adaptación de los horarios según las necesidades productivas de las empresas y sectores económicos.
Según el documento oficial, la jornada ordinaria de trabajo seguirá siendo de 40 horas semanales, tal como lo establece el Código del Trabajo. Sin embargo, estas horas podrán distribuirse en jornadas diarias de hasta 10 horas por día, siempre que se mantenga el límite semanal y se cumpla dentro de cinco días laborales.
El acuerdo señala que esta distribución podrá aplicarse de manera “dinámica y eficiente”, previa autorización del Ministerio del Trabajo, con el objetivo de optimizar la organización de turnos en actividades que requieren horarios especiales o continuidad operativa.
En cuanto a los pagos adicionales, el artículo 9 del acuerdo ministerial establece que los recargos por horas suplementarias, extraordinarias o nocturnas se aplicarán únicamente cuando el trabajador supere las 40 horas de trabajo semanales. Es decir, si la jornada se reorganiza dentro del límite semanal permitido, no se generarán recargos adicionales.
La normativa también establece que las empresas deberán garantizar el respeto de los derechos laborales, los períodos de descanso y las condiciones de seguridad y salud ocupacional, además de registrar y justificar los horarios especiales ante la autoridad laboral.
Desde el Ministerio del Trabajo se indicó que esta regulación busca dar mayor flexibilidad a la jornada laboral sin modificar el límite legal de horas semanales, permitiendo que sectores productivos puedan adaptarse a nuevas dinámicas de trabajo, siempre bajo supervisión de la autoridad competente.
