El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) anunció que impulsará reformas legales profundas al sector eléctrico tras un fallo de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional una parte clave de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. La sentencia fue emitida el 11 de diciembre de 2025 y genera cambios importantes sobre cómo el Estado puede delegar funciones a empresas privadas.
La Corte declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la ley, que permitía al Estado delegar a empresas privadas actividades del sector eléctrico “cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general”. Según los magistrados, esta disposición era demasiado amplia e imprecisa, y no establecía criterios claros para determinar cuándo era justificable la participación privada en sectores estratégicos como la energía.
El MAE señaló que trabajará en una propuesta de reforma legal clara, técnica y verificable, con el objetivo de definir de manera precisa las condiciones bajo las cuales el Estado puede delegar funciones eléctricas al sector privado. Las reformas estarán orientadas a fortalecer la planificación energética, incrementar la transparencia y calidad del servicio, promover inversión responsable y avanzar en la transición hacia energías renovables.
La ministra Inés Manzano aclaró que la decisión de la Corte no tiene efecto retroactivo y que los proyectos y concesiones ya adjudicados seguirán vigentes, bajo la supervisión del Estado para garantizar seguridad jurídica y protección de las inversiones.
Expertos constitucionalistas explican que, aunque la causal general de “interés público” queda eliminada, sí es posible la delegación de funciones a privados en casos concretos, como cuando empresas públicas o mixtas no puedan cubrir un servicio específico o cuando se trate de proyectos de energías renovables, garantizando así la continuidad y expansión del sistema eléctrico nacional.
El presidente Daniel Noboa expresó su preocupación por los posibles efectos del fallo en la inversión, la generación de empleo y la estabilidad del suministro eléctrico, y reiteró que el Gobierno trabajará para garantizar que las futuras concesiones cumplan criterios claros y específicos, asegurando la transparencia y la eficiencia en el sector.
El fallo de la Corte vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el rol del Estado frente a los sectores estratégicos y abre un proceso de reformas legales que podrían redefinir la relación entre lo público y lo privado en la generación, distribución y regulación de la electricidad en Ecuador.
