Guayaquil, 18 de octubre de 2025. En un giro que relanza una de las páginas más polémicas del periodismo internacional y la seguridad diplomática, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha presentado una denuncia formal contra el empresario español David Morales, propietario de la firma de seguridad UC Global (antes “Undercover Global S.L.”), al que acusa de haber organizado un operativo de espionaje dentro de la Embajada de Ecuador en Londres durante el periodo en que Assange se encontraba asilado.
Contexto y antecedentes
- Assange ingresó a la embajada ecuatoriana en Londres en 2012, obteniendo asilo diplomático hasta 2019.
- Entre 2015 y 2018, el servicio de seguridad de la embajada fue contratado a UC Global, empresa española con sede en Cádiz.
- Según la acusación, UC Global habría instalado cámaras con grabación de audio y creado canales de streaming para de acceso remoto externo, con “un canal oficial para Ecuador y otro para ‘los amigos de Estados Unidos’”.
Qué se acusa exactamente
Assange y su defensa imputan a Morales los siguientes hechos:
- La creación de un “auténtico operativo de espionaje” dentro de la embajada, fuera del contrato formal de vigilancia, que implicaba grabaciones ilegales, interceptación de comunicaciones y filtración de información.
- La presunta entrega de información obtenida ilícitamente sobre Assange y otras figuras internacionales a terceros, entre ellos autoridades norteamericanas.
- La solicitud concreta de penas: Assange pide 20 años y medio de cárcel para Morales, además de indemnización (30 000 euros) a favor de la organización Plataforma por la Libertad de Información.
La dimensión hispano-latinoamericana del caso
No sólo Assange está implicado: el expresidente ecuatoriano Rafael Correa también ha presentado acusación paralela, solicitando 13 años y medio de prisión para Morales por los mismos hechos, aduciendo vulneración de derechos cuando su familia estaba bajo la seguridad de UC Global.
Implicaciones y por qué importa
- Este caso mezcla los mundos de la seguridad privada, la diplomacia internacional y el periodismo de alto riesgo: alguien que señaló corrupción masiva, asilado en una embajada, ahora acusa de que fue vigilado secretamente por la compañía que debía protegerlo.
- Si se prueba que una empresa de seguridad privada montó un sistema de espionaje para terceros dentro de una legación diplomática, se abre un precedente que golpea tanto la confianza en los contratos de seguridad privada como la protección de derechos fundamentales dentro de espacios diplomáticos.
- También pone en relieve la posible colaboración entre seguridad privada, empresas y servicios de inteligencia, lo que acrescienta los interrogantes sobre la vigilancia global y la privacidad de defensores de la libertad de prensa.
¿Qué viene ahora?
La Audiencia Nacional de España, a través del juez Santiago Pedraz, ya ha propuesto llevar el caso a juicio por delitos como descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. La fecha del juicio aún no está cerrada y el desarrollo será clave para saber hasta dónde llega la responsabilidad de Morales, UC Global y los posibles receptores de la información.
Reflexión final
El caso vuelve la mirada hacia la intersección entre asilo diplomático, vigilancia privada y derechos humanos. Para Assange, se trataría de una clara vulneración dentro de un refugio que debía protegerlo. Para Morales y UC Global, se abre un reto a su legitimidad operativa y legal. Y para la comunidad internacional, un recordatorio de que hasta los espacios que se asumen como seguros —como una embajada— pueden albergar riesgos de control y espionaje.
