A partir del año 2026, todos los servidores públicos del país serán sometidos a evaluaciones semestrales obligatorias, según lo establece la reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Integridad Pública, firmada por el presidente Daniel Noboa Azin. Esta medida busca fortalecer la calidad del servicio estatal, fomentar la eficiencia institucional y consolidar un sistema meritocrático dentro del sector público.
El nuevo sistema de evaluación medirá seis parámetros clave:
🔹 Cumplimiento de metas
🔹 Calidad del trabajo
🔹 Conducta institucional
🔹 Eficiencia
🔹 Responsabilidad
🔹 Aportes al mejoramiento institucional
Quienes obtengan resultados destacados podrán acceder a ascensos, comisiones especiales o reconocimientos institucionales, como parte de un esquema de incentivos al buen desempeño. Por otro lado, quienes obtengan calificaciones inferiores a 51 puntos serán sancionados automáticamente, mientras que la calificación de «insuficiente» será causal directa de destitución del cargo.
La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, explicó que el reglamento técnico para aplicar esta reforma se encuentra en fase final de elaboración. “Estamos trabajando para garantizar procesos justos, objetivos y alineados con los principios de eficiencia, transparencia y mérito”, sostuvo la funcionaria en entrevista para medios nacionales.
Actualmente, los servidores públicos son evaluados de forma anual o, en muchos casos, no se aplican mecanismos regulares de evaluación, lo que ha generado críticas por la falta de control sobre el desempeño de algunos funcionarios estatales. Con esta reforma, el Gobierno apunta a erradicar prácticas de ineficiencia, corrupción y negligencia dentro del aparato estatal.
La reforma también se vincula con los principios establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que promueve la profesionalización del servicio público. Organizaciones de la sociedad civil, como Fundamedios y Grupo Faro, han saludado esta iniciativa, aunque han advertido sobre la necesidad de garantizar transparencia y mecanismos de apelación para evitar posibles arbitrariedades.
Este nuevo sistema de evaluación será obligatorio para todos los niveles de la administración pública, incluyendo gobiernos autónomos descentralizados (GAD), ministerios, empresas públicas y otras entidades del Estado.
Con esta medida, el presidente Noboa reafirma su agenda de modernización institucional y lucha contra la corrupción. Desde La Nueva República seguiremos monitoreando el proceso de implementación de esta reforma, clave para una administración pública más transparente, eficiente y enfocada en resultados.
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