En la madrugada del sábado 3 de enero, fuerzas estadounidenses ejecutaron un ataque simultáneo en varias regiones de Venezuela, incluyendo Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua. La operación combinó ataques aéreos y misiones encubiertas sobre el terreno a cargo de fuerzas especiales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó posteriormente la acción como “un ataque como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial”.
Desde el punto de vista operativo, la misión fue un éxito para Washington: las fuerzas estadounidenses detuvieron y extrajeron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, sin reportarse bajas entre sus tropas. Sin embargo, informes preliminares indican que numerosos venezolanos, incluidos civiles, habrían perdido la vida durante la operación.
Horas después, Estados Unidos presentó una acusación penal ante el Distrito Sur de Nueva York, imputando a Maduro, a su esposa y a su hijo por delitos relacionados con narcotráfico, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. El episodio culminó en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, donde Trump anunció que su gobierno “dirigiría Venezuela” hasta lograr una transición segura y juiciosa.
No obstante, la comunidad internacional ha señalado que el ataque carece de base legal, violando de manera flagrante el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza, así como normas fundamentales del derecho estadounidense. Diversos expertos subrayan que, aunque las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Maduro estén documentadas, la legalidad de la acción estadounidense es independiente del historial del gobierno venezolano.
El ataque de Estados Unidos plantea además interrogantes sobre la interpretación y aplicación del derecho internacional. Analistas señalan que la acción refleja cómo los Estados pueden invocar, tergiversar o ignorar normas internacionales como instrumento de poder, y cómo la reacción de otros países probablemente influirá en la evolución del derecho internacional en los próximos años.
Históricamente, la acción estadounidense recuerda la invasión a Panamá en 1989, cuando el ejército estadounidense capturó al general Manuel Noriega tras acusaciones de narcotráfico en territorio estadounidense. Esa operación fue justificada por Washington con argumentos sobre defensa propia, protección del Canal de Panamá y promoción de la democracia, pero fue ampliamente considerada ilegal según el derecho internacional. Los expertos señalan paralelos claros entre ambos casos: la extracción forzosa de un líder nacional para aplicar la jurisdicción penal interna de otro país no tiene respaldo legal internacional.
En el caso venezolano, el ataque de Estados Unidos representa una ruptura brusca en su política exterior, evitando canales multilaterales y mostrando un patrón histórico de intervenciones militares en América Latina y el Caribe. Especialistas coinciden en que estas acciones no solo afectan la estabilidad regional, sino que también podrían sentar precedentes sobre el uso unilateral de la fuerza y la explotación de recursos estratégicos de otros países.
