Willian Joffre Alcívar Bautista, conocido en el mundo criminal como alias “Negro Willy”, señalado como el máximo cabecilla de la organización delictiva Los Tiguerones, fue puesto en libertad en España, pese a ser uno de los hombres más buscados por la justicia ecuatoriana.
De acuerdo con información confirmada por fuentes judiciales españolas y citadas por Ecuavisa, la Audiencia Nacional de España ordenó su liberación el 29 de diciembre, luego de que Ecuador no cumpliera con las garantías exigidas para concretar su extradición.
Alias Negro Willy era requerido por la justicia ecuatoriana por delitos de terrorismo y delincuencia organizada, y está vinculado directamente con el atentado armado contra las instalaciones de TC Televisión, un hecho que conmocionó al país y fue catalogado oficialmente como un acto terrorista por las autoridades.
El cabecilla criminal fue capturado en octubre de 2024 en Cataluña, tras un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad españolas y organismos internacionales. Posteriormente, la Audiencia Nacional aprobó su extradición en dos instancias, en mayo y junio de 2025, tras analizar los pedidos formales presentados por el Estado ecuatoriano.
Sin embargo, en sus resoluciones, los jueces españoles establecieron una condición clave: Ecuador tenía un plazo de tres meses para garantizar de forma efectiva los derechos a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, especialmente en el contexto de la grave crisis carcelaria que atraviesa el país.
Según consta en documentos judiciales, la Audiencia Nacional advirtió que la situación de violencia, motines y asesinatos en las cárceles ecuatorianas representaba un riesgo real para el extraditable, por lo que exigió compromisos claros y verificables del Estado, a través de sus instituciones competentes.
Al no recibir dichas garantías dentro del plazo establecido, el tribunal español resolvió revocar la medida de extradición y ordenar su inmediata liberación, una decisión que genera preocupación tanto en Ecuador como en organismos de seguridad regionales.
Hasta el momento, ni la Cancillería ni el Ministerio del Interior de Ecuador han emitido un pronunciamiento oficial detallado, mientras que el caso vuelve a poner en el centro del debate internacional la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano y sus consecuencias en la cooperación judicial con otros países.
