La decisión del TCE suspende los derechos políticos de Abad por un lapso de tres años, lo que significa que no podrá postularse a cargos públicos ni ejercer otras funciones que requieran la habilitación electoral durante ese período. Esta medida ha sido recibida de manera diversa: por un lado, se defiende como una sanción necesaria para garantizar la transparencia en los procesos políticos; por otro, se cuestiona sobre la proporcionalidad y los efectos de una sanción de esta magnitud en la carrera política de la vicepresidenta.
La vicepresidenta emitió su declaración antes de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) confirmara la sanción económica y la suspensión de sus derechos políticos, con el respaldo de los jueces Ivonne Coloma, Joaquín Viteri y Ángel Torres.
El proceso se originó a raíz de una denuncia presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien acusó a Abad de ejercer violencia política. En una primera resolución, el juez del TCE, Guillermo Ortega, avaló la acusación e impuso a la vicepresidenta una multa de 14.100 dólares.
