En medio del creciente conflicto con Venezuela y fuertes tensiones geopolíticas con Rusia, fuerzas armadas y agencias de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación de alto impacto en el Atlántico Norte, donde incautaron un buque petrolero sancionado, confirmado oficialmente por el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (EUCOM) este 7 de enero de 2026.
Según el comunicado oficial del EUCOM, el buque, actualmente identificado como Marinera —antes conocido como Bella 1— fue incautado por violaciones a sanciones estadounidenses tras haber sido rastreado y abordado por el guardacostas USCGC Munro en virtud de una orden emitida por un tribunal federal de los Estados Unidos.
“La incautación del buque en el Atlántico Norte se realizó bajo una orden judicial federal, luego de que el Munro lo localizara y abordara”, detalló el EUCOM en su mensaje oficial en redes sociales.
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, subrayó que “el bloqueo sobre petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa en pleno efecto, en cualquier parte del mundo”, enmarcando la operación dentro de la política más amplia de presión económica impulsada por la administración estadounidense.
Este procedimiento se produce tras semanas de seguimiento de la embarcación, que inicialmente evadió a la Guardia Costera en aguas cercanas a Venezuela en diciembre de 2025 y luego cruzó el Atlántico, cambiando su nombre y bandera por la de Rusia en un intento de frustrar su captura.
La noticia también ha sido reportada por medios internacionales como CBS News, Bloomberg y The Guardian, que coinciden en que la operación no solo reconfigura el bloqueo marítimo sobre Venezuela, sino que podría elevar las tensiones entre EE. UU. y Moscú, especialmente después de que Rusia enviara al menos un submarino como escolta del buque sancionado durante el tránsito por el Atlántico Norte.
Esta acción ocurre en un contexto internacional ya muy cargado, en el que EE. UU. intensifica su aplicación de sanciones económicas y marítimas, mientras que Rusia y otros aliados de Venezuela han denunciado públicamente lo que consideran una violación al derecho internacional marítimo.
Fuentes oficiales indican que la operación fue coordinada entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que refleja la magnitud política y estratégica del operativo.
