Guayaquil, 5 de noviembre 2025. El presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones del país, debido al grave incremento de la violencia y la presencia de grupos delictivos organizados que han generado una conmoción interna en varias zonas del territorio nacional.
Provincias y cantones bajo estado de excepción
La medida, establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 202, tendrá una vigencia de 60 días e incluye las siguientes jurisdicciones:
- Provincias: Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos.
- Cantones: La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
Según el decreto, en estos territorios se concentran los índices más altos de homicidios, atentados con explosivos y enfrentamientos entre bandas criminales, que han alterado gravemente el orden público.
Medidas adoptadas
Durante el estado de excepción, el Ejecutivo autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para recuperar el control de las zonas afectadas.
Se suspende temporalmente la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que permitirá realizar allanamientos y operaciones sin orden judicial en casos de emergencia.
Sin embargo, los retos son significativos:
- Garantizar que las operaciones de seguridad se atiendan con respeto a derechos humanos y control judicial.
- Coordinar la acción policial y militar de forma efectiva, evitando filtraciones o fallas operativas.
- Responder a la percepción pública de inseguridad y recuperar la confianza ciudadana.
- A largo plazo, abordar las causas estructurales de la violencia (economía ilegal, minería informal, narcotráfico) que el decreto identifica como centrales.
Para nuestro medio —enfocado en análisis y contexto— esta medida marca un punto crítico en la política de seguridad del gobierno de Noboa. Más allá del impacto inmediato, representa un momento clave para observar:
- Cómo se articula la estrategia estatal frente al crimen organizado.
- Qué tan transparente y medible será el resultado en términos de reducción de homicidios, explosiones y control territorial.
- Las implicaciones de largo plazo para la ciudadanía, el estado de derecho y la democracia.
