En medio de un escenario regional marcado por tensiones diplomáticas y comerciales, el Gobierno de Ecuador declaró persona no grata al embajador de Cuba en el país, Basilio Antonio Gutiérrez García, así como a toda la misión diplomática cubana acreditada en territorio ecuatoriano.
La decisión fue difundida oficialmente este 4 de marzo de 2026 por la Cancillería ecuatoriana y se fundamenta en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, normativa internacional que faculta al Estado receptor a declarar persona non grata al jefe de misión o a cualquier miembro del personal diplomático en cualquier momento y sin obligación de explicar los motivos de la decisión.
De acuerdo con la comunicación oficial, el Gobierno ecuatoriano otorgó un plazo de 48 horas para que el embajador cubano y los 22 integrantes de la misión diplomática abandonen el territorio nacional. La medida implica la ruptura inmediata de sus funciones diplomáticas en el país y la salida obligatoria del personal acreditado.
La disposición se produce en un contexto de tensiones diplomáticas y comerciales en la región, en medio de la controversia comercial entre Ecuador y Colombia, situación que ha generado pronunciamientos y reacciones en distintos espacios políticos y diplomáticos.
De forma paralela a este anuncio, mediante el Decreto Ejecutivo 317, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso dar por terminadas las funciones del embajador ecuatoriano en Cuba, José María Borja. La decisión fue oficializada por la Presidencia de la República y publicada en los canales institucionales del Ejecutivo.
Según la normativa diplomática internacional, una declaración de persona non grata obliga al Estado que envía al diplomático a retirarlo del país o poner fin a sus funciones, de lo contrario el Estado receptor puede dejar de reconocerlo como miembro de la misión diplomática, conforme establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Hasta el momento, el Gobierno de Cuba no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión adoptada por la administración del presidente Daniel Noboa.
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