La evaluación de las hojas de vida de los 28 aspirantes a liderar la Fiscalía General del Estado avanza en medio de tensiones y cuestionamientos. El proceso se desarrolla sin la participación del delegado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), representante clave de la Función Judicial, lo que ha generado inquietudes sobre la integridad y el equilibrio institucional del concurso.
A este escenario se suman persistentes reclamos dentro de la veeduría ciudadana, cuyos integrantes han advertido posibles vacíos de transparencia en el desarrollo del proceso. Las alertas también han sido respaldadas por distintos sectores de la sociedad civil, que exigen garantías claras de imparcialidad, publicidad y rendición de cuentas en cada etapa del concurso.
En las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en Quito, nueve de los diez miembros de la comisión ciudadana —encargada de llevar adelante las cinco fases del concurso público de méritos, oposición e impugnación— permanecen en sesión de trabajo permanente. Su objetivo es avanzar en la calificación detallada de las carpetas de los postulantes, un paso clave en la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía.
Este proceso, de alta relevancia para la institucionalidad del país, se encuentra bajo el escrutinio público, en un contexto donde la transparencia, la legalidad y la confianza ciudadana se vuelven elementos fundamentales para legitimar la elección final.
