La Corte Constitucional del Ecuador declaró que los cuatro menores afrodescendientes detenidos por militares en 2024 y posteriormente asesinados fueron víctimas de desaparición forzada, por lo que ordenó al Estado reconocer su responsabilidad, ofrecer disculpas públicas y aplicar medidas de reparación integral.
El fallo responde a una acción extraordinaria de protección presentada por las familias de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, quienes junto a Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos la noche del 8 de diciembre de 2024 por patrullas militares en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil, cerca del sector Las Malvinas.
Según el proceso judicial, los menores fueron trasladados hacia Taura, zona cercana a instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, donde habrían sido golpeados, torturados, obligados a desnudarse y abandonados; días después, sus restos calcinados fueron hallados en un manglar cercano y pericias forenses confirmaron impactos de bala en al menos tres de ellos.
La Corte concluyó que la detención fue ilegal, arbitraria e ilegítima y que el Estado no proporcionó información inmediata ni convincente sobre su paradero, además de determinar que se vulneró el debido proceso en decisiones judiciales previas. En el ámbito penal, un tribunal declaró culpables a 16 de los 17 militares procesados: once fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión, cinco a 30 meses por colaborar con la investigación y un teniente coronel fue absuelto.
El tribunal constitucional también recordó que, incluso en el contexto del “conflicto armado interno” declarado en 2024 por el presidente Daniel Noboa, los derechos a la vida y a la integridad personal no pueden suspenderse, por lo que los agentes del Estado deben actuar con estricto respeto a la Constitución.
Entre las medidas ordenadas constan disculpas públicas del comandante de la Fuerza Aérea en un plazo de dos meses, la creación de un espacio de memoria sobre el caso en el Museo de la Memoria por parte del Ministerio de Educación del Ecuador, la declaratoria del 8 de diciembre como día de memoria para los menores, reformas a protocolos institucionales y el pago de indemnizaciones a las familias por parte del Ministerio de Defensa del Ecuador.
