Por unanimidad, los nueve jueces de la Corte Constitucional de Ecuador resolvieron aceptar la apelación presentada por la Procuraduría General del Estado y otras cinco instituciones estatales, dejando sin efecto las decisiones judiciales que permitieron la devolución de bienes a William y Roberto Isaías, exdueños del Filanbanco.
El fallo, emitido el pasado 21 de noviembre de 2024 y publicado en el portal oficial de la Corte el 17 de diciembre, marca un nuevo giro en el extenso y controvertido caso Isaías. Según la resolución, las decisiones previas vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, en particular las emitidas por un juez de la Niñez y la Familia de Guayaquil y dos jueces de la Corte Provincial de Guayas.
La Corte Constitucional determinó que las sentencias de primera y segunda instancia, que ordenaron la devolución de al menos 65 bienes y una compensación económica a los hermanos Isaías, quedan anuladas. Estas decisiones habían permitido una reparación integral a favor de los exbanqueros, una medida que ahora ha sido invalidada por el máximo órgano judicial del país. Según lo ordenado por la Corte, el Estado ecuatoriano no deberá devolver los bienes incautados a los Isaías.
El Estado no devolverá bienes ni pagará compensaciones
De acuerdo con la resolución, el Estado ecuatoriano no deberá restituir los bienes incautados ni pagar la compensación económica ordenada previamente. Estos bienes, según investigaciones publicadas por PRIMICIAS, habían sido restituidos a los exdueños del Filanbanco como parte de las sentencias ahora anuladas.
La Procuraduría General del Estado, el Banco Central, el Ministerio del Ambiente y otras dos instituciones presentaron una acción de protección en este caso, solicitando que se revise la legalidad de las decisiones judiciales previas. Tras dos años de solicitudes y trámites, la Corte finalmente se pronunció, aceptando los argumentos de estas instituciones y declarando inválidas las sentencias que beneficiaban a los Isaías.
Un caso emblemático del feriado bancario
William y Roberto Isaías, exdueños del Filanbanco, fueron figuras clave en el llamado feriado bancario de 1999, una de las peores crisis económicas en la historia reciente de Ecuador. Desde entonces, han enfrentado acusaciones y procesos legales relacionados con el colapso financiero y la incautación de sus bienes.
Este último fallo de la Corte Constitucional pone fin, al menos temporalmente, a las reclamaciones de los hermanos Isaías para recuperar sus bienes. Además, refuerza el posicionamiento del Estado ecuatoriano en la defensa de los bienes incautados tras el feriado bancario.
La decisión marca un precedente importante en términos de seguridad jurídica y la actuación de las instituciones judiciales en casos de alto impacto político y económico.
Defensa de los hermanos Isaías anuncia que continuará con acciones legales
En un comunicado emitido recientemente, Leonardo Stagg Peña, procurador judicial de los hermanos Isaías Dassum, afirmó que la defensa comenzará con acciones legales tras la decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Stagg Peña cuestionó el fallo, señalando que la Corte «priorizó normas internas sobre los compromisos internacionales del Estado ecuatoriano en materia de Derechos
Según el procurador, esta decisión ignora las recomendaciones emitidas en 2016 por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dicho Comité concluyó en su momento que el Estado ecuatoriano había violado los derechos fundamentales de los hermanos Isaías, «particularmente el derecho a un juicio imparcial y el debido proceso». Ante esta violación, el organismo internacional recomendó que el Estado ecuatoriano abriera «vías de reparación efectivas».
Stagg Peña sostuvo que la decisión judicial representa un retroceso en el acceso a una justicia «real y efectiva» y que su equipo legal comenzará explorando mecanismos nacionales e internacionales para buscar la reparación de los derechos que, se han vulnerado.
Los hermanos Isaías Dassum, exbanqueros ecuatorianos, han sido objeto de un extenso proceso judicial relacionado con el colapso financiero del banco Filanbanco en la década de 1990. A pesar de haber sido condenados en el ámbito nacional, sus defensores han argumentado en instancias internacionales que no se les garantizó un debido proceso, lo que derivó en el pronunciamiento del Comité de la ONU.
Con esta declaración, la defensa reafirma su compromiso de mantener la lucha legal en busca de justicia, mientras el caso continúa siendo un punto de debate sobre la relación entre las normativas internas y los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador.
