La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó con 8 votos a favor el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que avanza en el Legislativo bajo el carácter de ley económica urgente, impulsada por el Gobierno Nacional.
Este proyecto introduce reformas penales clave. Una de las más controversiales es la disposición que permite juzgar a adolescentes infractores como adultos en determinados delitos, una medida que busca endurecer la respuesta del sistema judicial ante la criminalidad juvenil, en el contexto del conflicto armado interno y el auge del crimen organizado.
Además, la normativa propone sanciones más severas contra operadores de justicia. Jueces, fiscales y abogados que sean sentenciados por el delito de prevaricato podrían enfrentar la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos o funciones dentro del sistema judicial. Esta medida apunta a combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
El avance de esta ley representa un nuevo paso dentro de la agenda legislativa oficialista y se enmarca en el conjunto de acciones orientadas a reformar el sistema de justicia y garantizar la integridad en la función pública. El debate en el Pleno se prevé para los próximos días, donde se anticipa un intenso cruce de posiciones entre bancadas afines al Ejecutivo y sectores críticos de la medida.
