Un grupo de procesados en el caso Goleada formalizó sus intenciones de participar como candidatos en las próximas elecciones nacionales. La estrategia legal de los investigados busca acceder al fuero electoral que concede el Código de la Democracia a las figuras inscritas. La normativa vigente establece que los postulantes oficiales gozan de inmunidad penal y no pueden ser procesados ni privados de su libertad durante el desarrollo de la contienda electoral.
Implicaciones del fuero electoral en la causa penal
Asimismo, la Ley Orgánica Electoral dictamina la suspensión temporal de las causas penales contra los candidatos calificados por el Consejo Nacional Electoral. De esta manera, los jueces de la causa quedarían imposibilitados de dictar prisión preventiva o avanzar en las etapas de juzgamiento. Por lo tanto, el proceso judicial por presunta delincuencia organizada y lavado de activos sufriría una paralización obligatoria hasta la proclamación oficial de los resultados.
Además, los abogados defensores presentaron las solicitudes correspondientes ante las autoridades de control electoral para ratificar las precandidaturas. Por esta razón, la Fiscalía General del Estado monitorea el avance de la inscripción de las listas políticas.
Posición de los organismos de control y debate jurídico
Por otra parte, diversos analistas jurídicos advierten sobre el uso estratégico de la inmunidad electoral para eludir la acción de la justicia. En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral revisa de forma exhaustiva el cumplimiento de los requisitos constitucionales y la inexistencia de sentencias ejecutoriadas.
Finalmente, el Tribunal Contencioso Electoral resolverá las impugnaciones presentadas contra las candidaturas en los plazos fijados por la ley. Por consiguiente, el avance del caso Goleada dependerá de las resoluciones definitivas del árbitro electoral.
