El periodista venezolano Andersson Boscán presentó una nueva entrega de su investigación titulada “Las pistas del caso Mocolí que la Policía no está viendo”, en la que expone inconsistencias, omisiones y señales de alerta que —según su análisis— no han sido abordadas con la profundidad necesaria por las autoridades ecuatorianas.
Boscán parte de un punto clave: la ausencia de prejuicios. Reconoce que no conocía previamente a Wendy Landa ni a su pareja, Eduardo Freire, lo que, a su criterio, le permitió observar el caso con distancia y sin ideas preconcebidas. Tras una larga conversación telefónica con Landa, ella negó cualquier vínculo con estructuras criminales y rechazó las versiones que circulan en redes sociales.
Sin embargo, el rumbo de la investigación cambió cuando Boscán recibió material gráfico enviado por un allegado de Freire. Las imágenes —en las que se observa al joven posando con armas de fuego y artículos de alto valor— contrastan con el discurso previo y abren interrogantes que, según el periodista, no pueden ser ignoradas en un país atravesado por el crimen organizado.
“Las palabras decían una cosa, pero las imágenes decían otra”, reflexiona Boscán, subrayando que el problema no es una foto aislada, sino la narrativa digital construida alrededor del lujo, las armas y el poder, elementos que hoy forman parte del análisis criminal moderno.
La investigación va más allá del plano mediático y apunta directamente a las instituciones del Estado. Boscán cuestiona por qué no se activaron alertas ante signos evidentes de desproporción patrimonial y exhibición de riqueza, pese a que organismos como la UAFE, el SRI, los registros de la propiedad y las entidades de control financiero están llamados a prevenir el lavado de activos.
Desde el ámbito oficial, el director de la UAFE, José Julio Neira, reconoció en declaraciones públicas que existen falencias estructurales en el sistema de alertas, especialmente en la coordinación con notarios y registradores, quienes son responsables de reportar operaciones sospechosas. Neira precisó además que ciertos contratos observados corresponden a administraciones anteriores, aunque admitió que el sistema debe fortalecerse.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el caso Mocolí sigue bajo investigación y que alias Marino, uno de los involucrados, era considerado objetivo de alto valor para las fuerzas del orden. Reimberg señaló que los hechos ocurrieron tras ingresos registrados de forma regular al complejo donde se produjo la masacre, lo que demuestra —según dijo— que el crimen organizado ya no opera desde la clandestinidad, sino desde espacios aparentemente legales.
La investigación de Boscán pone el foco en una pregunta central:
¿Está el Estado preparado para detectar al crimen organizado cuando ya no responde al estereotipo clásico del narcotraficante, sino al de jóvenes con empresas, contratos, redes sociales y una vida de lujo documentada públicamente?
El periodista advierte que el problema no es solo lo que se investiga, sino todo lo que no se está viendo, y llama a las autoridades a mirar más allá de la escena del crimen para entender las estructuras que lo sostienen.
