En menos de un mes, al menos cuatro casos de delincuentes que se disfrazaron de policías y militares para perpetrar distintos ilícitos han sido reportados en Ecuador. Sin embargo, este fenómeno va mucho más allá de hechos aislados: en el último año se han registrado más de mil denuncias relacionadas con la usurpación de funciones y el uso ilegal de uniformes, según cifras oficiales de seguridad.
Las autoridades han advertido que esta modalidad delictiva no es nueva ni circunstancial. Así lo confirma el experto en seguridad Mario Carrillo, quien en una entrevista con ecuavisa.com señaló que se trata de una práctica recurrente utilizada por bandas criminales para ganar confianza, evadir controles y facilitar asaltos, secuestros y extorsiones.
Un antecedente clave ocurrió en enero del año pasado, cuando la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutaron la operación “Tormenta 15”, que dejó 10 personas detenidas. De acuerdo con los reportes oficiales, los implicados tenían en su poder armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización y abundante indumentaria policial y militar, como uniformes, gorras, chalecos, chompas, cascos y calzado táctico.
Carrillo sostiene que la fabricación y comercialización clandestina de este tipo de implementos debe ser estrictamente regulada y sancionada con penas más severas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además, advierte sobre la necesidad de un control más riguroso en plataformas digitales, donde estos artículos se ofrecen abiertamente.
De hecho, un simple recorrido por redes sociales y plataformas de compraventa en línea, como Facebook Marketplace, permite encontrar cientos de ofertas de equipamiento policial y militar, tanto nuevo como usado, una situación que —según las autoridades— representa un riesgo directo para la seguridad ciudadana y está bajo análisis de las unidades investigativas.
