Media hora antes de que se instale la audiencia de apelación a la prisión preventiva dentro del denominado caso Goleada —convocada para las 10:00 de este lunes— la secretaría del Primer Tribunal de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción inició la verificación formal de la presencia de los abogados defensores y de los representantes de Fiscalía.
Entre los cinco procesados que apelan la medida cautelar se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en un proceso que ha generado alta expectativa pública por la relevancia de los involucrados y la gravedad de los hechos investigados.
En total, once personas son investigadas por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La causa fue impulsada por la Fiscalía General del Estado, que sostiene que existirían suficientes elementos de convicción para presumir la existencia de una estructura delictiva.
De acuerdo con información oficial difundida por la Fiscalía, la investigación revelaría un “entramado societario complejo” que operaba alrededor de la comercialización de combustible, mediante la presunta utilización de varias compañías para simular operaciones comerciales, evadir obligaciones tributarias y canalizar recursos de origen ilícito.
Según los comunicados institucionales, este esquema habría permitido la circulación de millonarios montos económicos, afectando la recaudación fiscal y el orden económico del Estado. La Fiscalía ha señalado que la investigación incluyó pericias contables, análisis financieros y levantamiento de información societaria para rastrear movimientos de capital y vínculos entre los procesados.
La audiencia de apelación será clave para determinar si se mantiene o se revoca la prisión preventiva dictada en primera instancia, medida que, conforme a la normativa vigente, debe cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad. La decisión del tribunal podría marcar un punto determinante en el desarrollo del caso Goleada, considerado uno de los procesos más relevantes en materia de presunta corrupción y delitos económicos en el país.
