La Asamblea Nacional del Ecuador abrió un proceso de fiscalización que ha generado debate en el país, tras la reciente sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador que permite la rectificación de la identidad de género en la cédula de adolescentes entre 12 y 18 años.
La medida fue anunciada por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, que el sábado 14 de marzo resolvió iniciar este proceso al considerar que el fallo judicial ha provocado “conmoción social e interés ciudadano”, por lo que, según sus integrantes, es necesario analizar sus implicaciones legales, sociales e institucionales.
La presidenta de la comisión, la asambleísta Diana Jácome, integrante de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional, explicó que el objetivo principal será escuchar a diferentes sectores de la sociedad y evaluar los efectos que podría tener la decisión del alto tribunal en el sistema jurídico y en las políticas públicas relacionadas con la identidad y los derechos de los adolescentes.
“Se trata de un tema que ha generado amplio debate en la sociedad ecuatoriana, por lo que la comisión considera necesario abrir un espacio de análisis y diálogo con expertos, organizaciones sociales, autoridades y ciudadanos”, señaló Jácome durante la sesión.
Dentro del proceso de fiscalización, la comisión prevé convocar a representantes de instituciones públicas, juristas, organizaciones de derechos humanos, especialistas en niñez y adolescencia, así como a autoridades del Registro Civil del Ecuador, entidad encargada de la emisión de las cédulas de identidad en el país.
La sentencia de la Corte Constitucional establece lineamientos para que adolescentes puedan rectificar el campo de sexo o género en su documento de identidad, bajo determinados procedimientos administrativos y con el acompañamiento de sus representantes legales, lo que ha abierto un debate sobre los alcances de la decisión y su aplicación práctica.
Desde la Asamblea se indicó que el proceso de fiscalización no busca interferir en la decisión judicial, sino analizar sus efectos y garantizar que cualquier implementación se realice dentro del marco constitucional y legal vigente. Entretanto, el tema continúa generando reacciones en distintos sectores políticos, jurídicos y sociales del Ecuador.
