La Asamblea Nacional aprobó este 20 de febrero de 2026 la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), conocida como la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La iniciativa, enviada por el Presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, busca garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos locales. Según información de medios oficiales, la sesión plenaria se realizó en la Universidad Tecnológica Ecotec, campus Samborondón, en la provincia del Guayas, bajo un ambiente de intenso debate político.
La votación final arrojó 77 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones, cumpliendo con el número mínimo requerido para su aprobación. La legisladora oficialista Valentina Centeno, quien presentó la moción, destacó que la norma busca priorizar las inversiones en obras y servicios esenciales, frente a un gasto corriente considerado excesivo por el Gobierno. La iniciativa contó con el respaldo de la bancada ADN y sus aliados, mientras que partidos como la Revolución Ciudadana, Pachakutik y el Partido Social Cristiano votaron en contra o expresaron reservas sobre la reforma.
La nueva ley establece que los gobiernos locales deben destinar al menos el 70 % de su presupuesto anual a inversiones en obras públicas y servicios básicos, incluyendo infraestructura, agua potable y saneamiento. El 30 % restante podrá utilizarse para gasto corriente, como administración y salarios. Además, la norma incorpora mecanismos de transparencia y seguimiento, obligando a la publicación trimestral de los detalles presupuestarios y al control por parte del Ministerio de Finanzas.
La aprobación generó protestas en los exteriores del campus, donde ciudadanos y grupos sociales manifestaron su rechazo, argumentando que la medida podría limitar la autonomía financiera de los GAD y afectar programas sociales locales. Algunas autoridades municipales y prefectos han anunciado posibles acciones legales ante la Corte Constitucional para impugnar ciertos artículos de la ley, al considerar que podrían restringir la gestión local.
El debate se dio en un contexto político polarizado, reflejando la tensión entre la necesidad de eficiencia en el gasto público y la defensa de la autonomía municipal. La aprobación de la Ley de los GAD marca un hito en la regulación del uso de recursos locales y será clave para evaluar cómo se gestionarán los presupuestos en el país en los próximos años.
