La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el 15 de abril de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera, una iniciativa impulsada por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados, que establece la incorporación obligatoria y progresiva de la educación financiera en todos los niveles del sistema educativo del país.
La propuesta busca que los estudiantes adquieran conocimientos desde edades tempranas sobre manejo del dinero, ahorro, inversión y uso responsable de servicios financieros, con el objetivo de fortalecer la cultura económica de la ciudadanía y prevenir riesgos asociados al endeudamiento y la desinformación financiera.
La presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar, destacó que el proyecto tiene un enfoque inclusivo y transversal, incorporando criterios de género, interculturalidad y grupos etarios, con el fin de garantizar que ningún sector de la población quede excluido de este proceso formativo.
Baltazar explicó que el texto final fue construido tras un proceso de socialización que incluyó aportes de legisladores de distintas bancadas, así como observaciones de expertos en educación y finanzas, lo que permitió consolidar un informe para segundo debate que fue finalmente aprobado por mayoría en el pleno.
Entre los principales cambios incorporados en la normativa destacan: la inclusión de contenidos sobre prevención de fraudes electrónicos, uso seguro de plataformas digitales, servicios financieros en línea y aplicaciones móviles, así como la incorporación de capacitaciones relacionadas con inteligencia artificial aplicada al ámbito educativo y económico.
Asimismo, la ley establece que las entidades financieras públicas y privadas deberán orientar parte de sus programas de educación financiera hacia grupos de atención prioritaria, con énfasis especial en los adultos mayores, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante estafas y promover el acceso seguro a herramientas digitales y bancarias.
Con esta aprobación, el país avanza hacia la implementación de una política educativa orientada a fortalecer las competencias financieras de la población desde el sistema escolar, en coordinación con instituciones del sector público y privado.
