Stalin Rolando Olivero Vargas, conocido como alias Marino, fue señalado públicamente por el ministro del Interior, John Reimber, como cabecilla del grupo criminal Los Lagartos, una de las organizaciones delictivas con mayor presencia en el sur de Guayaquil y con vínculos directos con narcotráfico, sicariato y extorsiones, según información oficial del Gobierno.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, alias Marino es considerado un objetivo de alto valor dentro de las investigaciones que se desarrollan contra estructuras criminales que operan en la Costa ecuatoriana. Las autoridades lo ubican como una figura clave en la articulación de actividades ilícitas y en el control territorial ejercido por Los Lagartos en varios sectores estratégicos de Guayaquil.
Paralelamente a su perfil criminal, investigaciones periodísticas de Ecuavisa y de la plataforma regional Conectas revelaron que Olivero Vargas mantuvo vínculos con empresas de seguridad privada, lo que le permitió figurar como contratista del Estado, pese a los antecedentes que posteriormente salieron a la luz. Entre las compañías relacionadas se encuentra Vigilancia y Protección Máxima Vigpromax Cía. Ltda.
Según los registros oficiales revisados por los equipos de investigación, Vigpromax logró adjudicarse al menos un contrato con la Empresa Pública de Agua Potable Hidroplayas EP, para la prestación de servicios de seguridad y guardianía, por un monto aproximado de 90.665 dólares, utilizando los mecanismos regulares de contratación pública.
Además, en su condición de empresa de seguridad privada legalmente constituida, Vigpromax obtuvo permisos oficiales para el porte y uso de armas, autorizados por las entidades competentes del Estado, lo que permitió que su personal operativo contara con armamento en el ejercicio de sus funciones, conforme a la normativa vigente.
Este caso ha reavivado el debate sobre los controles estatales a las empresas de seguridad privada, los filtros en los procesos de contratación pública y los mecanismos de verificación de antecedentes, temas que, según el Ministerio del Interior, están siendo revisados para evitar que estructuras criminales utilicen fachadas legales para infiltrarse en el Estado.
