Barry Pollack, abogado principal del presidente depuesto de Nicolás Maduro, denunció ante un tribunal federal en Nueva York que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha bloqueado una licencia clave que habría permitido al Gobierno de Venezuela financiar legalmente su defensa en la causa judicial que enfrenta en Estados Unidos.
En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, que encabeza el caso federal contra Maduro, fechada el pasado 20 de febrero pero hecha pública este jueves, Pollack aseguró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, está “interfiriendo” directamente en el derecho constitucional de su cliente a contar con un abogado de su elección, tal como lo protege la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Según el escrito oficial, la OFAC inicialmente concedió una licencia el 9 de enero que autorizaba a la defensa de Maduro a recibir fondos del Gobierno venezolano para cubrir los costos de su representación legal, pero menos de tres horas después la modificó sin explicación, dejando sin efecto la posibilidad de que esos recursos fueran utilizados para ese propósito.
Pollack subraya en la carta que, ante esa “enmendada” autorización, el expresidente no puede costear por sí mismo a sus defensores y que el Estado venezolano, de acuerdo con su propia legislación y práctica, está obligado a asumir esos honorarios. Por ello, el equipo legal ha solicitado formalmente a la OFAC que restituya la licencia original, sin que hasta ahora haya recibido respuesta, a pesar de que la agencia ha aprobado otras licencias comerciales relacionadas con Venezuela en fechas recientes.
La defensa ha puesto esta situación en conocimiento de los fiscales federales y advirtió que, de no restablecerse la autorización o de recibir una negativa formal, presentará una moción ante el tribunal para que el juez intervenga y garantice el derecho de Maduro a una defensa plena.
El caso se desarrolla mientras Maduro y su esposa, acusados de narcotráfico y corrupción, han comparecido ya ante la justicia estadounidense y se declararon no culpables. La próxima audiencia está programada para el 26 de marzo de 2026 en la corte federal de Manhattan.
