Colombia vive un momento crítico no solo por los ataques violentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones armadas, sino también por una grave crisis fiscal que ha llevado al presidente Gustavo Petro a declarar oficialmente una emergencia económica de 30 días, anunciaron fuentes oficiales y medios internacionales este 23 de diciembre de 2025.
La medida fue adoptada a través del Decreto 1390 de 2025, firmado por Petro después de que el Congreso colombiano archivara recientemente una reforma tributaria clave, que buscaba recaudar más de 16 billones de pesos (aproximadamente USD 4.290 millones) para completar el presupuesto nacional de 2026. Según el Gobierno, esa decisión legislativa profundizó una “situación fiscal que adquirió el carácter de grave” y amenazaba la prestación de servicios públicos esenciales.
El Ejecutivo advierte que, sin nuevas fuentes de ingresos, el país podría enfrentar recortes significativos en programas sociales y servicios básicos, así como problemas para sostener la seguridad y el gasto en salud, educación y protección social en el próximo año. El decreto permitirá al Gobierno establecer nuevos impuestos o modificar los existentes sin pasar por el Congreso, con el objetivo de llenar el vacío fiscal dejado por la caída de la reforma tributaria.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, explicó que la emergencia económica busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en medio de una brecha fiscal que amenaza el equilibrio presupuestario y la capacidad de financiar servicios esenciales.
A pesar de que algunos indicadores macroeconómicos se mantienen sólidos —con estimaciones de crecimiento del PIB que podrían ubicarse entre 2,6 % y 2,7 % al cierre de 2025— el fuerte aumento del gasto público sin un crecimiento proporcional en la recaudación y el rechazo de reformas tributarias han aumentado la presión sobre las arcas del Estado.
La emergencia económica se da en un contexto de intensos debates políticos en Colombia, donde la oposición ha criticado que la declaración pueda utilizarse para imponer tributos por decreto sin el control del Congreso, una medida que algunos analistas consideran controvertida y que podría ser revisada por la Corte Constitucional en las próximas semanas.
Mientras tanto, la seguridad nacional también está en el centro de la agenda. El grupo guerrillero ELN intensificó ataques, incluyendo explosiones y emboscadas contra fuerzas del orden, que han dejado muertes de policías y civiles en diferentes regiones. La organización apenas anunció un cese temporal de las hostilidades durante la Navidad, lo que refleja la persistente tensión en varias zonas rurales del país.
