En una de las decisiones judiciales más contundentes de los últimos años, la Fiscalía General de la República de El Salvador anunció que 248 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) han sido sentenciados a penas extremadamente largas que, en un caso, superan los 1 300 años de prisión por una serie de crímenes graves cometidos durante casi una década en ese país centroamericano.
Según el comunicado oficial publicado en la red social X por la Fiscalía salvadoreña, estos pandilleros fueron condenados por 43 homicidios agravados, 42 desapariciones, feminicidios, extorsión, invasión de viviendas y otros delitos violentos cometidos entre 2014 y 2022. La justicia calificó las sentencias como “condenas ejemplares” para reforzar la lucha contra las estructuras criminales que han marcado la historia reciente del país.
Uno de los sentenciados, identificado por las autoridades como Marvin Abel Hernández Palacios, recibió una pena de 1 335 años de prisión, mientras que otros líderes y cabecillas afrontan condenas que van desde cientos hasta más de mil años cada uno, en consonancia con las múltiples acusaciones que enfrentan.
Estas condenas se dictan en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 que ha ampliado las facultades de las autoridades para enfrentar a las pandillas, consideradas por el Gobierno como uno de los principales factores de violencia en el país.
Autoridades oficiales han destacado que esta ofensiva ha permitido reducir los homicidios a niveles históricamente bajos y ha llevado a la detención de más de 90 000 personas vinculadas a pandillas, de las cuales alrededor de 8 000 fueron liberadas tras comprobarse su inocencia en procesos judiciales, según cifras compartidas por AFP y comunicados de la Fiscalía.
Si bien el enfoque del Gobierno salvadoreño ha sido respaldado por algunos sectores por su dureza contra el crimen organizado, también ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos que señalan posibles abusos o detenciones sin el debido proceso en el marco del estado de excepción.
En suma, estas sentencias representan una de las acciones judiciales más dramáticas en la historia reciente de El Salvador contra las pandillas, subrayando la postura del Estado salvadoreño frente a la violencia estructural que por décadas afectó al país.
