El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este viernes 12 de diciembre de 2025 la cancelación total de los programas categóricos de Permisos de Reunificación Familiar (Family Reunification Parole, FRP) que beneficiaban a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como a sus familiares inmediatos. La medida fue publicada oficialmente en el Registro Federal y se enmarca dentro de una revisión más amplia de las políticas migratorias extrajudiciales.
Los programas FRP permitían que personas con peticiones de reunificación familiar aprobadas (Formulario I‑130) ingresaran a Estados Unidos bajo un permiso humanitario temporal sin seguir el proceso tradicional de visas de inmigrante. Según el comunicado del DHS, estas rutas estaban siendo utilizadas de forma indebida y representaban brechas de seguridad al permitir que personas con verificaciones incompletas o insuficientes eludieran los requisitos migratorios completos.
El DHS indicó que **todos los FRP activos expirarán el 14 de enero de 2026, a menos que el beneficiario tenga una Solicitud de Ajuste de Estatus (Formulario I‑485) en trámite y presentada antes del 15 de diciembre de 2025, en cuyo caso el permiso permanecerá vigente hasta que se tome una decisión final. Si la solicitud es finalmente denegada, el permiso será cancelado y la persona deberá abandonar el país de inmediato.
Con la terminación de los programas FRP también se revocará la autorización de empleo asociada a estos permisos temporales, dejando a muchos beneficiarios sin su estatus legal de trabajo si no cuentan con otra vía migratoria válida.
La administración estadounidense —en una declaración emitida por el DHS— sostuvo que poner fin a estos programas es parte de un esfuerzo por “devolver el proceso de parole a su propósito original” según lo concebido por el Congreso, y por eliminar el abuso del parole humanitario, que habría permitido la entrada de personas con verificaciones de seguridad insuficientes.
La cancelación afecta directamente a miles de beneficiarios que estaban en proceso de reunirse con familiares en EE. UU. Expertos legales advierten que quienes no puedan ajustar su estatus antes de las fechas límite enfrentarán la pérdida de permisos de estancia y empleo, y posibles deportaciones si no cuentan con otra condición migratoria válida.
La decisión se da en un contexto de endurecimiento general de las políticas migratorias bajo la administración actual, que también ha impulsado otras medidas como la suspensión de ciertos procesos de residencia y ciudadanía para migrantes de múltiples países, intensificando el enfoque en el control fronterizo y la seguridad nacional.
