El juez encargado del caso Sinohydro deberá emitir su fallo este lunes 8 de diciembre, y la expectativa es clara: la única decisión legalmente posible es la absolución. Eduardo Carmigniani ha mantenido desde el principio que nunca debió ser parte de este proceso por cohecho, especialmente cuando otros miembros de la alta curia, que también recibieron fondos de empresas de Conto Patiño, no fueron siquiera mencionados.
Su inclusión en la causa, según Carmigniani, responde a un prejuicio por parte de la Fiscalía, que lo imputó sin fundamento alguno como parte de una «salida a pescar» o «fishing expedition» sin pruebas sólidas, buscando encontrar algo que simplemente no existía. Y efectivamente, lo que se demostró es que no había nada que encontrar.
Los informes periciales, uno tras otro, han desmontado las acusaciones. Peritos nombrados por la misma Fiscalía analizaron minuciosamente el expediente y las cuentas bancarias de Carmigniani, y lo concluyeron de manera rotunda: no entregó ni un solo centavo a ningún servidor público. Incluso en el dictamen final de la Fiscalía, el informe no se atrevió a afirmar lo contrario, dejando claro que no existían pruebas de un soborno. Sin embargo, a pesar de estos hechos, la Fiscalía persistió en acusarlo, mostrando de forma aún más evidente la naturaleza injusta de la persecución que ha sufrido.
¿Qué queda por hacer, entonces? La única conclusión que puede surgir de este proceso es la absolución de Carmigniani, como también lo determinó la Procuraduría General del Estado, que, tras una revisión exhaustiva, decidió no incluirlo en la acusación particular. Pero, como bien señala, este caso no es solo sobre su propia inocencia; se trata de un problema más profundo: la necesidad de que la justicia en Ecuador comience a respetar la independencia judicial.
La Administración de Justicia no puede seguir cediendo ante el poder político, ni mucho menos sucumbir a las presiones de actores oscuros que operan en las sombras. Este no es un reclamo personal de Carmigniani; es un llamado a que nadie más sea perseguido injustamente en el país. Porque al final, lo que está en juego no es solo su futuro, sino el principio de imparcialidad y equidad que debe prevalecer en el sistema judicial.
