El presidente Daniel Noboa todavía tiene unos tres años y medio por delante en su mandato, período en el que planea continuar impulsando cambios a la Constitución del país. Aunque su propuesta de redactar una nueva Carta Magna fue rechazada tras la derrota en la reciente consulta popular, ahora su estrategia es introducir modificaciones puntuales mediante enmiendas constitucionales a través de la Asamblea Nacional.
Entre las medidas que aspira a impulsar destaca la que busca eliminar la consideración de “grupo prioritario” para las personas privadas de libertad (PPL) en la Constitución, un cambio que fue anunciado recientemente por Noboa como parte de su agenda de seguridad.
Además, en septiembre pasado el Ejecutivo envió a la Corte Constitucional varias propuestas de enmienda relacionadas con: la creación de un registro público de personas sentenciadas por delitos sexuales, la implementación de procedimientos especiales para juzgar ciertos delitos de alto impacto, la exigencia de mayoría calificada para aprobar proyectos presentados por el Presidente, y la eliminación de la facultad de nombrar autoridades otorgada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
No todas esas propuestas han avanzado con éxito: en marzo de 2025 la Corte Constitucional rechazó la petición de instaurar la prisión preventiva obligatoria para casos de terrorismo y crimen organizado, argumentando que vulnera garantías como la presunción de inocencia. Por otro lado, la propuesta de eliminar la categoría de grupo prioritario para PPL ya había sido evaluada previamente por la Corte, que en diciembre de 2024 la declaró no apta como reforma parcial.
A pesar de los rechazos judiciales y el revés en las urnas, Noboa ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para introducir cambios estructurales, y considera que las enmiendas en la Asamblea son la vía viable para ello.
