Durante los allanamientos del 23 de diciembre de 2024 en la Base Aérea de Taura, la Fiscalía General del Estado confiscó los teléfonos de los 16 militares que estaban siendo investigados en el marco del caso de los menores desaparecidos.
Un perito forense explicó que, de esos dispositivos, siete estaban bloqueados, pero se logró extraer la información de al menos dos equipos.
Gracias a los análisis, se descubrió un chat grupal entre los uniformados donde conversaban sobre lo ocurrido la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando detuvieron a los cuatro menores.
El mayor de Criminalística de la Fiscalía señaló que en ese chat los militares hablaban de varios temas: la aprehensión de los menores, la contratación de un abogado y hasta organizaron una reunión por Zoom para unificar su versión.
Además, en uno de los mensajes uno de los implicados afirmó que en los informes oficiales no figuraba que hubiera un disparo, y dijo que “no estaban intentando culpar a nadie”.
Paralelamente, la Fiscalía está formulando cargos por desaparición forzada contra estos 16 militares.
Según el Ministerio de Defensa, los menores (de entre 11 y 15 años) fueron aprehendidos por una patrulla que, según versiones oficiales, respondió a una alerta por un robo.
Las autoridades también incautaron bitácoras de maniobras, computadoras y vehículos durante el allanamiento, como parte de la investigación para esclarecer qué pasó con los niños.
Finalmente, la Fiscalía confirmó mediante análisis de ADN que los cuerpos calcinados encontrados cerca de la base de Taura corresponden a los cuatro menores: Ismael y Josué Arroyo (14 y 15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años).
